Esta mañana, en entrevista para el noticiero Acción Legislativa, la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, Johanna Cedeño, se refirió a temas como las reformas de la Ley Legislativa y también la Ley de las Declaraciones Juradas, que fue aprobada este año. Además, dijo que en conjunto con la Contraloría empezará un proceso de socialización antes que esta última normativa entre en vigencia, en enero de 2017.
Con respecto a la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Cedeño explicó que esta ley tenía seis propuestas de reforma, la más completa presentada por la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, en 2014. Cuando empezó la discusión en la comisión, llegaron cinco propuestas más, por lo que se condensaron dentro del proyecto. “Se incluye un capítulo específico que norma el procedimiento para la Consulta Prelegislativa. Se realizó un trabajo intenso para recibir todas las observaciones posibles”, dijo.
En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Cedeño aseguró que se aclaran dos vacíos legales en el caso de las faltas injustificadas de los asambleístas y cuando un legislador es privado de su libertad. “En el artículo 127 de la Constitución se definen las causales para destitución de un asambleísta, pero en ese mismo artículo se establece que podrían haber otras responsabilidades determinadas por Ley y es precisamente la Ley de la Función Legislativa la que podría generar esos mecanismos, por lo que creemos que es viable. Por eso la comisión presentó una propuesta de Régimen Sancionatorio Progresivo al Pleno”, aclaró.
En las próximas semanas se recibirá en la comisión a constitucionalistas para que aclaren el tema. “Hay que ser enfáticos al decir que cuando un legislador se ausenta del Pleno no solo es irresponsable con quienes lo eligieron, sino con el trabajo legislativo, porque lo retrasa”, enfatizó.
Declaraciones juradas
En lo que tiene que ver con la Ley de las Declaraciones Juramentadas, Cedeño dijo que existe un ahorro de alrededor de 10 millones de dólares para los funcionarios públicos del país, además de evitar pérdida de tiempo. Aseguró que en la actualidad las declaraciones juradas son documentos a los que no tiene acceso un funcionario común. Sin embargo, cuando la ley entre en vigencia, cualquier persona puede tener acceso. “Esto fortalecerá el control social que pueden ejercer los ciudadanos. Se ahorra tiempo y dinero. Es una propuesta técnica, tecnológica y ecológica”, explicó.
MC
