El objetivo fundamental del proyecto de Ley Orgánica de Protección, Incentivos y Defensa del Artesano, presentado por el asambleísta Wilson Chicaiza, es el de elevar el desarrollo productivo del sector artesanal que constituye parte integral de la matriz productiva. En la Asamblea Nacional ya existe un proyecto de ley que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL)
La propuesta garantiza el derecho al trabajo, permite promover y regular el desarrollo sostenible económico, social, cultural y profesional; busca la modernización, competitividad, productividad y estructuración integral por el buen vivir de los artesanos dedicados a la actividad artesanal, sea de producción y servicios en cualquiera de sus formas, que pertenezcan a las organizaciones artesanales legalmente constituidas.
Este proyecto establece que la Junta Nacional de Defensa del Artesano es una institución autónoma de derecho público, con personería jurídica, finalidad social, patrimonio y recursos propios y asignación del presupuesto del Estado, con domicilio en la ciudad de Quito.
El documento contiene 54 artículos, cuatro disposiciones generales; nueve transitorias; y una derogatoria. Dentro del régimen de transición, habla que el proceso de elección de los dignatarios señalados en estas normas de transición será organizado y dirigido por el Consejo Nacional Electoral, en el plazo máximo de 30 días, que creará el respectivo reglamento y convocará a elecciones generales para designar al presidente, vicepresidente, secretario y vocales artesanos de la Junta Nacional, Provinciales y Cantonales de Defensa del Artesano, aspirantes que serán artesanos.
El legislador Wilson Chicaiza argumentó en su exposición de motivos que el desconocimiento de las normas legales vigente, relacionadas con el sector artesanal, que son varias, afectan a los artesanos, debido a una inadecuada e ineficaz acción de quienes por mandato legal deberían conocerlas, prioriza la existencia de una sola norma de carácter orgánica que acoja en su espíritu la necesidad del sector artesanal, garantizando así una verdadera aplicación del estado constitucional de derechos y justicia social, permitiendo el desarrollo y crecimiento económico del país.
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