Los derechos a la vida, a la identidad, acceso a servicios de educación y salud son algunos de los temas que se trabajó en la Comisión de Gobiernos Autónomos, durante este año. Su presidente, Richard Calderón, contó que en esta mesa se han tramitado las leyes Orgánica de Gestión de Identidad, de Ordenamiento Territorial y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
“La comisión ha venido cumpliendo su agenda, en función de la planificación y, sobre todo, de ir desarrollando varios derechos que determina la Constitución”, afirmó. Explicó que la Ley de Ordenamiento Territorial garantiza a los ciudadanos el derecho a una vivienda digna y segura, espacios verdes, que las ciudades crezcan de forma organizada, entre otros beneficios. Añadió que la norma dota a los municipios de instrumentos que les permita gestionar adecuadamente el suelo y crear una institucionalidad que obliga a cumplir los planes de ordenamiento territorial para acceder de manera rápida a los servicios básicos.
Recordó que uno de los problemas que se evidenció después del terremoto del 16 de abril fue la informalidad y la falta de aplicación de normas técnicas en la construcción. Con la ley es el Consejo Técnico el que emite regulaciones permanentes. Queremos que en el mediano plazo, incluso en el corto, los asentamientos humanos puedan ubicarse en zonas seguras, que se construyan respetando la normativa y parámetros técnicos. Estamos en un territorio no solo con riesgos de terremotos, sino de erupciones y otros eventos como el Fenómeno de El Niño. Se debe tomar todas las medidas para que se garanticen, esencialmente, la vida de las personas y otros aspectos, reiteró Calderón.
Ley de Gestión de Identidad
Richard Calderón mencionó que la Ley de Gestión de Identidad reemplazó la Ley del Registro Civil que regía desde los años 70 y no estaba acorde con la Constitución, así como la modernización de este sector. Recalcó que el gobierno ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la infraestructura y agilizar los servicios, pero no tenía el respaldo legal para seguir con este proceso. Indicó que hoy la ley permite, por ejemplo, que un migrante que se encuentra en cualquier parte del mundo pueda acceder a este servicio, porque los archivos físicos tienen la misma validez que los digitales.
Por otro lado, sostuvo que la Constitución determina que nadie puede ser discriminado por su género u orientación sexual. Aquí se dio un paso importante, dijo, tras informar que los ciudadanos pueden por autodeterminación decidir sobre el género con el que se identifican, y cambiar ese campo en el Registro Único Personal. Sin embargo, aclaró que en el matrimonio y adopción se garantiza que se lo pueda realizar entre personas de distinto sexo. El campo sexo sigue constando en la cédula, el género es por autodeterminacion, aseguró.
De la misma manera, señaló que el apellido del padre y luego el de la madre continúa en ese orden cuando se inscribe al hijo, salvo cuando de común acuerdo entre los padres deciden modificar el orden. También informó que la cédula es suficiente para cualquier trámite, a excepción de ciertos procesos legales.
Reformas al COOTAD
La Constitución es la norma suprema y todas las leyes deben armonizarse, enfatizó el legislador Richard Calderón, antes de explicar sobre las reformas al COOTAD, que también formó parte de la agenda legislativa de la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Acotó que con la enmienda a la Carta Magna se modificaron los artículos 261 y 264 del Código. Estos se referían a las competencias en educación y salud para los gobiernos central y locales. Indicó que antes de la enmienda el gobierno tenía la responsabilidad de la política y los seccionales del equipamiento, mantenimiento y construcción de infraestructura. Eso complicaba los procesos, porque por un lado iba la política y por otro la construcción, lo que se hizo con la reforma es darle al gobierno central las dos competencias. Con esto se evita el despilfarro y se aprovecha de mejor manera los recursos, manifestó Calderón, tras aclarar que los gobiernos autónomos pueden seguir invirtiendo en salud y educación, siempre y cuando coordinen con los entes rectores.
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