En la Constitución de 2008 se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, el conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Además de mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
Bajo estos argumentos, mañana, a las 10:00, la Comisión de Derechos Colectivos recibirá a los representantes de la Federación de Comunas de la provincia de Santa Elena, quienes expondrán su situación actual, con respecto a los conflictos de tierras que existen hace décadas en esa zona del país.
También estará una comitiva de comuneros de Santa Elena, que llegará acompañada de la asambleísta Vanesa Fajardo. La conflictividad relacionada con la posesión de tierras comunales en la provincia es un problema que abarca a las comunas de Engunga, Tugaduaja, Villingota, Sucre, Olmedo, Ciénaga, La Barranca, Juntas del Pacífico, Sacachum, Montañita, Zopatal, Azúcar, Sayá, La Aguadita, Calicanto, Pechiche, San Miguel, San Antonio, Curía, San José, Entre Ríos, Loma Alta, Febres Cordero, Dos Mangas, Cadeate, Ayangue, Palmar, Manantial de Charduy, Sinchal, Barcelona, Valdivia, San Pedro, Sube y Baja, Atravesado y La Barranca.
Los temas de preocupación se centran en la necesidad de controlar la invasión de tierras, la solución de conflictos entre comunas, determinar con claridad la diferencia entre tierra urbana y rural, que el Estado garantice el derecho al agua, la semilla y créditos oportunos y a bajos intereses, no se permita a los alcaldes catastren las tierras comunales, defender los derechos comunales ancestrales, establecer canales de riego para garantizar la soberanía alimentaria. “Tenemos una Asamblea de puertas abiertas y escucharemos todos los criterios”, dijo Guadalupe Salazar, presidenta de la comisión.
MC/pv
