No solo una, sino varias ventajas es lo que persigue el proyecto de Ley Orgánica para la Atención Humanizada del Embarazo, Parto y Posparto, presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. La asambleísta Blanca Argüello, relatora del documento, los evidenció. Dijo que pretende garantizar la humanización de la atención en el parto. Por el contrario, busca evitar la violencia obstétrica, que implica maltrato, abuso y falta de respeto a la autonomía de la mujer.
La asambleísta explicó que con esta iniciativa permitirá que se respete la dignidad, intimidad y cultura de la madre; que tenga la posibilidad de estar acompañada con la persona que elija; y, que se pondere la práctica ancestral en salud, mediante la promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. En definitiva, norma el ejercicio de los derechos de la mujer, de la niñez y la familia.
Según la legisladora, el informe del proyecto presentado al Pleno, para el debate de hoy, fusiona las propuestas presentadas y relacionadas con estos temas. Precisó que concilia criterios en torno al parto desde el punto de vista médico y de respeto a los derechos consagrados en la Constitución.
De esta manera, con la norma se garantizará la atención integral de las mujeres, no solo en el proceso del parto, sino también de embarazo y posparto. Asimismo, facilitará el acceso a la información sobre las diversas opciones de parto, cuidado del recién nacido y lactancia materna.
Uno de los temas que resaltó Blanca Arguello, se refiere a los riesgos de afectación de la salud manterno-infantil, derivados de cesáreas innecesarias, que se pretende revertir con el proyecto. Se refirió a datos alarmantes sobre la práctica de la cesárea en Ecuador, que es del 41,2%, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que la tasa ideal oscile entre el 10% y 15%. Relató que en el país los nacimientos por parto normal han disminuido del 83,4% en el 2011 a 47% en 2014, mientras las intervenciones quirúrgicas (ceśareas) han aumentado en esos mismos años de 16.6% a 50.6%.
La parlamentaria indicó que no hay justificación para que ninguna región presente una taza superior a la recomendada por el organismo internacional. “El aumento de la tasa de cesáreas deja de estar asociado a una reducción de la mortalidad”, advirtió.
Esperamos recibir los aportes de todas y todos para tener una ley que busque el beneficio, especialmente de las mujeres, concluyó Blanca Argüello, antes de dar paso al primer debate.
Esta mañana, antes del primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Atención Humanizada del Embarazo, Parto y Posparto, María Isabel Yánez, coordinadora de la Red de Doulas Ecuador (doulas en el área urbana, parteras en la zona rural), fue recibida en comisión general. En su intervención, Yánez aseguró que esta ley es el primer paso para abarcar de manera más global la atención humanizada durante el parto.
Según explicó, este es un tema que empieza a tomar fuerza en todo el mundo, cuando se puntualiza sobre la medicalización del parto. “Las mujeres paríamos acompañadas de nuestras madres y abuelas y eso dejó de suceder, cuando se subordina la maternidad al modelo autoritario”, dijo. Además sostuvo que convertirá a la mujer en la primera protagonista del parto, se facilitará el apoyo emocional, se le prestará una atención clínica fundamentada en lo científico, por lo que hizo un llamado para que la normativa recoja todos los criterios posibles, especialmente de la parte científica y médica.
Para Yánez, el uso de la cesárea debe ser únicamente por necesidad, pues indicó que actualmente Ecuador rebasa los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que indica que el 15% es un porcentaje aceptado de cesáreas, mientras en el país rebasa el 60%. “El problema es cuando esto se convierte en un negocio y se le impide a la madre escoger la forma en la que trae al mundo a su hijo”, aseguró.
Derechos
Libertad, parir es poder, vínculo, vida, sentir, satisfacción, fueron algunos de los términos definidos durante la intervención de María Isabel Yánez, conceptos que se clarifican en la ley que se debate en la Asamblea Nacional. El criterio que comparten los asambleístas es que las mujeres deben tener derechos al momento de parir y se deben respetar sus costumbres. “Para todas se aplican los mismos mecanismos y nos desprenden de nuestra vestimenta, se usan procedimientos de los que nadie nos informa y se invade el momento sagrado que es el parto”, explicó.
Uno de los puntos expuestos es la necesidad de revisar el proyecto de ley de forma constante y conformar una ley que abrace todas las miradas. “Es importante el debate de este tema, pero no se trata solo de generar una ley, sino crear pisos para que funcione. Si es necesario hacer reformas, hay que hacerlas y generar un Código Orgánico de Salud que le de fuerza al tema”, concluyó.
La necesidad de generar conciencia en la sociedad para desincentivar cesáreas innecesarias, la importancia del parto humanizado; garantizar el derecho de la mujer y el niño porque es un tema de vida; la importancia de socializar, discutir el parto fisiológico entre todos los ecuatorianos; entender que el nacimiento de un hijo/a no debe ser considerado como enfermedad, fueron los temas expuestos durante el primer debate del proyecto de Ley para la Atención Humanizada del Embarazo, Parto y Posparto.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, precisó que en la propuesta se tomaron en cuenta criterios desde el punto de vista médico, científico, cultural, ancestral y los derechos consagrados en la Constitución.
Resaltó que el objetivo central es promover, de manera digna, el parto, posparto y el nacimiento de niños/as, así como garantizar los derechos de la mujer para ser tratada como sana, estar acompañada, elegir la libre posición para traer al mundo a su bebe. Además que se recoge la recomendación de la Organización Mundial de la Salud respecto de la intervención quirúrgica, por lo que se establecen parámetros para el parto por cesárea en caso de que la madre o el niño estén en riesgo.
La legisladora María José Carrión, al señalar la importancia de regular el tema y garantizar el derecho de la mujer a elegir la forma de cómo traer al mundo a su bebe y respetar el aspecto intercultural, sugirió que sea parte del Código de la Salud.
Mientras que la parlamentaria María Alejandra Vicuña, al resaltar las alarmantes cifras de cesárea practicadas en Ecuador, pese a que en muchos casos son innecesarias, expresó que conviene poner en el debate nacional el parto fisiológico desde la visión de salud pública. Según datos del INEC en el 2015 en los centros y subcentros de hospitales públicos los partos por cesárea es del 29%, en el IESS el 50% y en hospitales privados la cifra va más allá del 70%, por lo que es necesario concienciar que la cesárea como negocio es un problema de salud pública, enfatizó.
Debe haber información necesaria para entender sus riesgos y en qué casos se podría practicar la intervención quirúrgica; es importante generar conciencia y educación en la población para desincentivar las prácticas de cesárea en el Ecuador, añadió.
La asambleísta Lourdes Tibán, manifestó que en el tema de parto humanizado se debe incorporar la readecuación de los hospitales con los espacios necesarios para el efecto y sugirió que se incluya en el proyecto a las parteras comunitarias y se reconozcan sus conocimientos ancestrales.
Herman Moya, precisó que la salud es un derecho, por tanto está determinado en la Constitución como política pública. La Organización Mundial de la Salud establece reglas sobre el parto y posparto y el punto central es promover información a la mujer para que decida la forma de dar a luz; se debe establecer parámetros para regular las cesáreas innecesarias y concienciar la importancia de la lactancia.
Por su parte, el parlamentario Fausto Terán, sostuvo que el control prenatal debe constar en el Reglamento de esta Ley por parte del Ministerio rector, porque si cambia cualquier requisito tiene que cambiarse la ley, a la vez que planteó que esta iniciativa forme parte del Código Orgánico de la Salud.
El parto por cesárea generó un amplio debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco del análisis proyecto de Ley para la Atención Humanizada del Embarazo, Parto y Posparto.
El legislador Gastón Gagliardo, sugirió que el parto por cesárea se practique excepcionalmente cuando existan indicaciones médicas indispensables e ineludibles para la práctica de este procedimiento, encaminadas a precautelar la vida y la salud de la madre y el recién nacido.
Además planteó que los establecimientos de salud públicos y privados, cualquiera sea su nivel, estén obligados a prestar los servicios médicos de emergencia a toda mujer embarazada en labor de parto o en estado de emergencia, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna naturaleza.
Para Paco Fierro, es necesario diferenciar los dos tipos de cesáreas: la planificada y por emergencia, ésta última cuando la madre tiene complicaciones en la labor de parto y el médico deberá decidir si es necesaria.
Solicitó que para la elaboración del informe para segundo debate la Comisión de la Salud considere los criterios de los neonatólogos, perinatólogos y pediatras, entre otros.
Por su lado, Víctor Medina, tras señalar que hay que tener pleno conocimiento de lo que es un parto, dijo que “es derecho de la mujer decidir cómo parir y ejercer su derecho de traer vida, porque de no hacerse sería un error jurídico”.
En este sentido, pidió agregar un artículo para que la mujer escoja la forma de parir observando el pleno conocimiento y el justificativo médico para que el naciente y la madre no corran el menor riesgo. El legislador compartió el criterio que el proyecto forme parte del Código de la Salud.
En tanto, José Moncayo, hizo observaciones al artículo 18 respecto a la capacitación, que compete a las universidades. Indicó que en la normativa se le está encargando a la Autoridad Sanitaria Nacional para que de modo sistemático y periódico, ejecute programas de capacitación del talento humano en atención humanizada.
“Es indispensable humanizar la labor de parto, regulando el negocio de la cesárea”, expresó Verónica Guevara, al precisar que “la ley es necesaria para potenciar el parto natural y, si es necesaria, la cesárea tiene que estar plenamente justificada”.
El vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Carlos Velasco, coincidió que no solo hay que humanizar el parto, sino todo el sistema de salud pública. Debe haber un diálogo de saberes y relación maravillosa en todo el proceso de salud para armonizar un proceso de parto digno, dijo.
Mauro Andino, sugiere desarrollar el tema de violencia obstétrica. Indicó que no está claro el ámbito de sanción, si es civil o penal. Argumentó que la gravedad de las consecuencias podría generar la necesidad de que se responda penalmente para lo cual se necesitaría tipificar en el Código Integral Penal sanciones por el incumplimiento por la acción u omisión a la que se hace referencia cuando se habla de violencia obstétrica.
Durante el primer debate de la Ley para la Atención Humanizada del Embarazo, Parto y Posparto, más conocida como Ley de Parto Humanizado, la titular del Legislativo reiteró que la normativa busca enfrentar la violencia obstétrica, respetando la intervención por cesárea en los casos que se requieran para salvar la vida de las mujeres o de sus recién nacidos.
“Este proyecto de Ley no sataniza la práctica de la cesárea, por eso se reconoce en el proyecto al parto inducido como una alternativa viable para la mujer, la familia y el recién nacido, cuando se trate de precautelar la vida y la integridad”, aseveró.
Precisó además que las cifras permiten concluir que en el Ecuador se ha mercantilizado esta práctica, pues mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el porcentaje de cesáreas, por país, debería alcanzar máximo el 15%, en el país este porcentaje bordea el 35% en el sistema público de salud y 80% en el privado.
“Hay que llamar a las cosas por su nombre, se ha convertido al parto en un producto del mercado de la salud que tiene que ser controlado y regularizado dentro de las potestades de la Autoridad Sanitaria Nacional”, acotó.
La principal del Legislativo defendió el papel del Estado para regular el sistema de salud de manera integral. La Ley de Parto Humanizado apunta a que el Estado cumpla con su responsabilidad de “proveer mayor seguridad física, psicológica e integral a la mujer, a la familia y al recién nacido”.
Gabriela Rivadeneira, sugirió resguardar mediante la Ley, las políticas de salas de parto vertical, en libre posición o alternativo, que están empezando a implementarse en el Sistema Nacional de Salud.
