Miembros de comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades; de institutos tecnológicos; de organizaciones sociales; y, de universidades de diferentes partes del país, presenciaron el segundo debate del proyecto Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios). También asistieron funcionarios de las diferentes carteras del Estado involucradas en la temática, así como de otras entidades, como del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
Muy atentos escucharon las intervenciones de los legisladores, quienes discutieron sobre la participación del Estado y las universidades en la investigación y en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales; así como sobre la biodiversidad; ecosistemas; protección de los conocimientos; saberes ancestrales; propiedad intelectual; entre otros temas.
“Sería una irresponsabilidad dejar a las universidades fuera de la investigación, si son las que crean conocimiento”, enfatizó Ximena Ponce, mientras Diego Vintimilla aseguró que “no podemos hablar de investigación si no vinculamos al actor fundamental que son las universidades. Tampoco podemos hablar de investigación sin parámetros técnicos, si no garantizamos la libertad para la creación e innovación”, precisó. Este legislador, al igual que Francisco Hagó, explicó que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) tiene la obligación de ejercer la rectoría en estos temas.
Estos pronunciamientos los realizaron ante los cuestionamientos de la oposición sobre una supuesta falta de autonomía para la investigación y una concentración de la innovación en la Senescyt. Antonio Posso, de Avanza, fue uno de los parlamentarios que dijo que se está restringiendo a la investigación. También sostuvo que el Código es demasiado voluminoso y agrupa varios temas sensibles.
Un Código lo que hace es articular las diferentes temáticas; es lamentable que haya organizaciones políticas que tienen esos criterios para legislar. Hay quienes vemos los problemas de manera responsable e integral”, añadió Ximena Ponce.
Posso también censuró que a través del Código se creen nuevos organismos, como la Comisión Nacional de Ética, el Instituto Público de Investigación Científica sobre Biodiversidad y el Banco Nacional de Recursos Genéticos. Son necesarias, dijo Vintimilla. El Comité de Ética tiene a su cargo vigilar el respeto a la vida, el consentimiento de las personas y de los pueblos, la confidencialidad de datos, el respeto a los derechos de las personas, indicó.
Ingenios debe garantizar la protección de recurso biológicos y genéticos. En estos libros se dejan establecidas las responsabilidades y mecanismos de protección, así como la garantía de pueblos y nacionalidades, que no solo es por mandato constitucional, sino también por normas internacionales, añadió Vintimilla.
El mayor patrimonio que tiene el país es en torno a su biodiversidad y sus ecosistemas, eso es necesario contar con una legislación acorde a los nuevos tiempos: una nueva visión del desarrollo sostenible. Tenemos 91 ecosistemas terrestres. La vegetación natural representa aproximadamente 13 millones de hectáreas, casi el 50% del territorio, eso demanda que tengamos una legislación que proteja este enorme patrimonio, que permita la sostenibilidad de las próximas generaciones, defendió la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga. En el artículo 73 pidió que se aclare la redacción sobre la participación del Estado en los beneficios de aprovechamiento de los recursos.
Entre otras observaciones, Ximena Ponce defendió la intervención del Estado en los temas de propiedad intelectual. Eso ya está en la norma actual, lo que se hace con el Código es mejorar la regulación. Todos los estados a nivel mundial velan para que los derechos de la propiedad intelectual se cumplan, sostuvo. Pidió que la conectividad del Internet sea para toda la comunidad y no solo para universidades.
También respaldó la propuesta del parlamentario Ramiro Aguilar para que en los conocimientos y saberes ancestrales se reconozca la trayectoria del investigador. Pidió que la innovación no solo se la visualice en las empresas, como un afán de lucro. “La investigación debe estar ligada a la necesidad de los estados. Es necesario que vaya de la mano con las políticas públicas”, acotó Marcela Aguiñaga.
El proyecto responde a una de las propuestas del gobierno de pasar de una sociedad basada en los recursos finitos a una basada en los infinitos, que es una fuente inagotable. Para esto el régimen ya trazó la cancha con políticas como las reformas en la educación superior y los programas de becas. Solo en los últimos años hemos tenido un impacto en la investigación, contextualizó el asambleísta Francisco Hagó.
LM/pv
