María Teresa Villavicencio tiene 82 años de edad y para ella el subirse al transporte público, ir a hacerse sus controles mensuales en el hospital o entrar a una entidad bancaria para hacer un trámite, es una tortura. “La vida es linda mientras es joven, pero a la vejez, todo es más complicado”, relata. María Teresa es miembro de la Asociación de Jubilados Pensionistas del Ecuador y llegó hasta la Comisión de Derechos Colectivos para aportar con ideas para el proyecto de Ley del Adulto Mayor. “Lo que se haga ahorita queda para ustedes y las nuevas generaciones, porque nosotros ya estamos más allá que acá”, dijo María.
Guadalupe Salazar, presidenta de la comisión se refirió a la propuesta de ley presentada en el 2014 por el Defensor del Pueblo de ese entonces, Ramiro Rivadeneira, que contiene 104 artículos, dos disposiciones derogatorias y una disposición final. Dijo que por ahora se trataba el informe para primer debate. “Este proyecto de ley lo conocen los asambleístas de la comisión. El texto llegó a instituciones públicas y privadas, para que hagan sus observaciones”, explicó.
Programas sociales
Edison Lima, representante de los jubilados, dijo que en la ley se debe incluir la creación de un organismo que se encargue de defender los derechos de las personas de la tercera edad. Aseguró que debe hablarse de incentivos, exoneraciones, programas sociales, soluciones en atención en salud, rehabilitación, entrega de medicamentos. “Son temas fundamentales para nosotros, porque inclusive recibimos maltrato en el transporte público y quedamos en indefensión a veces hasta dentro de nuestra propia familia”, aseguró.
La intención de quienes forman las asociaciones de jubilados y pensionistas es que se conforme el Consejo del Adulto mayor o se cree una superintendencia. Además aseguraron que urge que se recupere a sus representantes en el Ministerio de Salud y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. “Es necesario que se dé trámite a una ley, para que exista un organismo que nos respalde. En el IESS, por ejemplo, no hay una organización técnica en las direcciones de salud y subdirecciones y debemos defender lo conseguido, pues a pesar de que solo un 25% de adultos mayores en el país son afiliados al Seguro Social, esa entidad se convirtió en nuestra única esperanza a la vejez”, insistió.
En la comisión esperan que en el menor tiempo posible se reestructure el texto de la normativa presentada en 2014, pero aseguraron que se garantizará de manera efectiva que los derechos se respeten. Además, se pidió que los adultos mayores nombren a un delegado para que esté pendiente de lo que ocurre e informe de los avances. También se trazará una hoja de ruta para hablar del proyecto de ley en territorio.
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