Para los representantes de la Asamblea Local Ciudadana de Quevedo, en ese cantón no existe participación ciudadana. Las denuncias se enfocan en la violación de derechos y al impedimento de usar la silla vacía en un acto de competencia pública. Se refieren a las sesiones en donde se reformó la Ordenanza del Registro de la Propiedad, que en Quevedo, según explicaron, funciona de forma eficiente. “En el Municipio vieron a esa entidad como a la gallina de los huevos de oro y aunque sabemos que es legal que el Municipio maneje el Registro de la Propiedad, no tienen la capacidad para hacerlo y tememos que echen a perder a la entidad”, dijo Bolívar León, representante de la Asamblea Local.
Para la presidenta de la comisión, Johanna Cedeño, el tema del Registro de la Propiedad es una competencia del Gobierno Municipal, quien puede asumir el control, la dirección y la administración y es el GAD el que decide a dónde van los fondos. Sin embargo, aseguró que en lo que respecta a los mecanismos de participación ciudadana sí es posible establecer mecanismos de acercamiento entre las autoridades municipales y los ciudadanos.
Las dos partes
La idea es convocar al Alcalde de Quevedo a la Comisión de Participación Ciudadana, para que se realice un diálogo en donde se expongan los problemas de forma abierta y se busque una salida. “Es necesario establecer interacción con ustedes, para que las leyes que construimos con esfuerzo beneficien a los ciudadanos. Podemos ser un canal de diálogo para establecer mecanismos adecuados de comunicación”, aseguró Johanna Cedeño.
Pero los representantes de la Asamblea piden que se investigue lo que sucede en Quevedo. Bolívar León, solicitó que se forme una subcomisión que trabaje en territorio para que indague el tema.
La legisladora Grace Serrano, quien acompañó a los miembros de la Asamblea Local, aseguró que era necesario traer a colación lo que sucede en Quevedo. “En la ley se habla de la sanción cuando no se da el uso de la silla vacía, esas sanciones son de tipo político y administrativo y puede llegar a la remoción del cargo”, dijo.
Luego de 15 días se convocará a una nueva reunión en donde las dos partes den su versión de los hechos. “Lo único que queremos es que se cumpla la ley, que si la norma dice que deben existir procesos de participación ciudadana, se lo haga”, concluyó Bolívar León.
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