La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, presentó los correspondientes informes para segundo debate de los proyectos de Ley de Derogatoria números 3 y 4 para la Depuración de la Normativa Legal.
Los dos trabajos incluyen un total de 345 normas a eliminarse, que aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, por el cumplimiento de la finalidad que su expedición se propuso alcanzar, o, porque los presupuestos considerados en ellas fueron recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
La propuesta de Derogatoria No. 3 (195) contiene leyes, decretos legislativos, decretos supremos y acuerdos referentes, principalmente, a la exoneración del requisito de licitación para que varias instituciones públicas adquieran bienes muebles e inmuebles, vehículos, repuestos, implementos para recolección de basura, equipos contra incendios, así como maquinaria para los planes viales de los consejo provinciales.
De igual manera, constan normas referentes a la emisión de bonos para la construcción de carreteras, calles, aceras y más obras municipales; autorizaciones para que el Banco de Fomento y el Ministerio de Agricultura importen ganado; la facultad para que los rectores de la Universidad Central y de Escuelas Politécnicas adquieran terrenos e implementos para sus laboratorios.
Derogatoria No. 4 (150)
Los decretos supremos se refieren principalmente a la reorganización de la mayoría de los Consejos Cantonales del país, así como de la Corte Suprema de Justicia, Cortes Superiores y Tribunales de Cuentas.
A su vez, los decretos legislativos tratan sobre la construcción de varios tramos del ferrocarril en distintas provincias; indultos y amnistías de desertores del Ejército y guardias nacionales, como también a participantes en revueltas; abolición de cobros exigidos a los indígenas; el establecimiento de una aduana en Santa Rosa; la suspensión de la vigencia del arancel de aduana.
Los informes están suscritos por María Paula Romo, presidenta; Henry Cuji, vicepresidente; Mauro Andino, César Gracia, María Cristina Kronfle, Mariángel Muñoz, Washington Cruz, Andrés Páez, Vicente Taiano y Marisol Peñafiel.
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