La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. La norma reemplaza a la Ley de Caminos de 1964. Concibe a la vialidad como un sistema que integra a las carreteras nacionales, provinciales y catonales. Permite la articulación y coordinación entre los niveles de gobierno. Obliga a que todos planifiquen. Destaca la importancia que tiene este sector para el desarrollo económico y garantizar el derecho a la movilidad.
En la propuesta se argumenta que Ecuador requiere de una regulación que permita su adecuada conectividad y la aplicación de parámetros técnicos que garanticen la funcionalidad de los diferentes tipos de vías. El proyecto busca establecer el régimen jurídico para la planificación, ejecución, construcción, conservación, regulación y control de esta infraestructura y sus servicios complementarios.
En este cuerpo legal se desarrollan y especifican las competencias sobre la infraestructura vial a cargo del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Se busca una adecuada clasificación de las vías y, de ser el caso, su reconversión en función de sus nuevas condiciones o características.
Un punto que destaca la comisión es la planificación, que se constituye en una obligación tanto para el ministerio del sector como de los GAD, que deberán aprobar sus respectivos planes de infraestructura vial, como parte de los instrumentos de ordenamiento territorial. Todos los proyectos viales, sean nuevos o que supongan la intervención o modificación de anteriores, deberán incluir la correspondiente evaluación del impacto ambiental y la debida coordinación con los niveles de gobierno competentes.
Otro aspecto que desarrolla es el cumplimiento sobre el Derecho de Vía, para que el Estado pueda ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. El documento señala que de la información que disponen una gran parte de los terrenos afectados por este derecho han sido invadidos, lo que ha producido altas erogaciones económicas y dificultades legales para la ejecución de las obras, sin mencionar el riesgo que significa construir en estos lugares.
Con esta norma se involucra la facultad de delegar a las empresas de economía mixta y por excepción al sector privado o a la economía popular y solidaria, la prestación del servicio público de vialidad. El ministerio del sector emitirá las especificaciones técnicas de carácter general que se relacionen con la construcción, ampliación, mejoramiento, rectificación y mantenimiento del sistema vial nacional, con la finalidad de lograr la homogeneidad de la infraestructura vial.
Para preservar la infraestructura del transporte se atribuye a este ministerio la facultad de control y regulación sobre la transportación de carga pesada, especialmente en lo relacionado a pesos y medidas. Se establece un régimen sancionatorio, mismo que guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho de la infracción y la sanción aplicada.
El proyecto contiene un mandato para el ministerio rector para que implemente un sistema de información vial que incluya a toda la red vial nacional en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, en el que se incluirá a las vías de carácter estratégico.
LM/pv
Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
