Cinco principios del proyecto de Ley de Movilidad Humana sostienen la regulación de derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos suramericanos en nuestro país. Uno de ellos es que pueden ingresar, circular y salir de Ecuador presentando solamente su documento de identificación nacional, por puntos de control migratorio. Para estos casos, el Estado establecerá canales de control preferenciales en aeropuertos, pasos fronterizos y puertos marítimos.
Los ciudadanos suramericanos pueden solicitar la residencia temporal, por dos años, o permanente. Para ello deben cumplir algunos requisitos, entre ellos, presentar pasaporte válido y vigente o cédula de identidad, certificado de antecedentes penales en los últimos cinco años, formulario de solicitud, pago de una tarifa y acreditación de medios de vida lícitos, que permitan la subsistencia de quien solicita y su grupo familiar.
En la región ya se han dado algunos procesos de construcción de la ciudadanía regional, desde inicios del siglo XIX, con acuerdos bilaterales, multilaterales, leyes y decretos a través de espacios subregionales como la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur. El problema es que por lo general la libre movilidad es pensada desde una perspectiva económica laboral, donde muchos quedan excluidos, dijo el antropólogo y especialista en movilidad humana Jacques Ramírez, en un foro desarrollado en la Asamblea Nacional.
Sostuvo que el reto es construir una ciudadanía suramericana diferenciada, en donde se reconozca el derecho a la diversidad, que facilite el movimiento intrarregional, la libre circulación y la construcción de una integración regional, con mecanismos que faciliten la residencia, que reconozca la capacidad de acción y elección de los personas, en donde se transforme al extranjero, al “otro”, en “nosotros”.
Precisamente, la libre movilidad humana, que es el ejercicio de la voluntad de las personas para transitar libremente de un Estado a otro y elegir su lugar de destino; la prohibición de criminalización por su condición migratoria; integración regional; ciudadanía universal; e, igualdad ante la ley y no la discriminación, en donde todas las personas que se encuentren en territorio nacional gocen de los mismos derechos, son los puntales que consolidan la norma en cuanto a la comunidad suramericana, según el proyecto.
El asambleísta Franciso Hagó aseguró que con esta ley se afianza los deberes y derechos de estas personas que vienen a nuestro país por varias razones: vacaciones, visita a familiares, estudiar, inversiones, turismo. Afirmó que esta norma incentivará estas actividades, sobre todo el turismo, que es una actividad que aporta mucho a la economía del país.
Si bien los flujos migratorios a nivel global siguen siendo mayoritariamente en dirección sur-norte, en los últimos años se ha dado un incremento de la migración sur-sur. En el caso del espacio Unasur, de los 406.487 millones de habitantes, 5.118.878 son inmigrantes, representando el 1.25% del total de la población. De estas cifras, los países que mayor población inmigrante concentran en términos absolutos son Argentina y Venezuela con más de un millón de inmigrantes, seguido de Brasil con 600.000 aproximadamente, explicó Ramírez.
Los beneficios de esta norma también se dirigen hacia los familiares de ciudadanos suramericanos. Quienes no pertenecen a la región, pero se han casado o mantengan unión de hecho con personas de ciudadanía suramericana o que tengan hijos nacidos en este territorio podrán acogerse a esta ley.
LILA/pv
