La educación ambiental promoverá la concienciación, aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, valores, deberes, derechos y conductas en la población, para la protección y conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. Será un eje transversal de las estrategias, programas y planes de los diferentes niveles y modalidades de educación formal y no formal, señaló el vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, Óscar Ledesma al señalar que su propuesta fue acogida en el informe para segundo debate del Código de Ambiente.
El parlamentario expresó que la educación ambiental se orientará al conocimiento y valoración de nuestra biodidersidad y sus componentes ecológicos, buenas prácticas ambientales, la prevención de daños e impactos al ambiente. Además, que promoverá el conocimiento de los instrumentos de participación ciudadana en la gestión ambiental; y las formas para contribuir al tutelaje de los derechos de la naturaleza.
Indicó que el Ministerio de Educación y demás autoridades en materia de educación, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional, adoptarán e incorporarán en los planes y programas del Sistema Nacional de Educación, principios, criterios y conceptos de conservación y protección ambiental.
Dijo que los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias promoverán programas, planes y proyectos no formales de capacitación, difusión y educación ambiental.
En otro orden, precisó que el Estado tiene la responsabilidad de promover la cooperación internacional entre países, organizaciones, organismos no gubernamentales y demás sujetos de derecho en el orden internacional, con medidas concretas en materia de protección de derechos de la naturaleza y gestión ambiental, sin que ello implique el menoscabo de la soberanía nacional.
Además deberá articular la gestión ambiental a través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, así como garantizar la tutela efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano y los derechos de la naturaleza, que permitan gozar a los ciudadanos del derecho a la salud, al bienestar colectivo y al buen vivir; y, la participación de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, normas y de la gestión ambiental, de conformidad con la Constitución.
Por último, manifestó que, según la propuesta, el Estado deberá instaurar estrategias territoriales nacionales que contemplen e incorporen criterios ambientales para la conservación, uso sostenible y restauración del patrimonio natural, los que podrán incluir mecanismos e incentivos a los gobiernos autónomos descentralizados por la mejora en sus indicadores ambientales, así como definir las medidas administrativas y financieras.
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