El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri Gualinga, expresó que el proyecto de Código de Ambiente es la base de una auténtica revolución ecológica en el Ecuador, donde los fines que persigue reafirman el compromiso del país con una nueva forma de relación con la naturaleza. A la sociedad civil le corresponde ejercer los derechos garantizados en el Código y exigir a las autoridades el respeto a los derechos de la naturaleza, que implica el respeto, mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
La normativa determina que todos los niveles de gobierno con la participación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos deben buscar el buen vivir a través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.
Señaló que a través de la propuesta se incentiva la participación informada de la ciudadanía en materia ambiental, por tanto, la investigación, difusión de conocimiento son claves en la formación de la opinión pública y para la formulación y ejecución de las políticas públicas ambientales, las que deberán basarse en la evidencia científica disponible. Además, se determinan mecanismos económicos, informáticos, políticos, educacionales y legales para el desarrollo de la investigación y, en particular, la difusión y fácil acceso a todas las sociedades y culturas ecuatorianas.
Además, se precisa que los gobiernos autónomos descentralizados deberán incorporar políticas públicas para generar los instrumentos de planificación y los modelos de gestión para su posterior aplicación, lo que permitirá impulsar el desarrollo sostenible de su territorio, la coordinación con otros niveles de gobierno y la garantía de la participación ciudadana en todos sus procesos.
La protección de la fauna urbana es una obligación constitucional, por tanto regula los lineamientos y criterios que deben adoptarse sobre este tema y por ello los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos determinarán las herramientas para que generen sus políticas locales, ordenanzas y proyectos en el marco de sus competencias y en beneficio del bienestar de los animales, concluyó.
JLVN/pv
