El Presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional el Tratado de Extradición entre Ecuador e Italia. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Titular del Parlamento deberá verificar la documentación y remitirla a la comisión especializada, a fin de que emita el informe para que luego lo conozca el Pleno.
Con este instrumento internacional, los dos estados desean promover una cooperación judicial, con la intención de reprimir la criminalidad, sobre la base del mutuo respeto de la soberanía, igualdad y asistencia recíproca.
Los dos países se comprometen a extraditar a quienes se encuentren en su territorio y sean requeridos por una de las naciones. El texto indica que el propósito es “dar curso a un procedimiento penal, o de ejecutar una condena definitiva a una pena privativa de libertad u otra medida restrictiva de la libertad personal dictada en su contra”.
El documento señala que la extradición se aplicará también para delitos en materia fiscal, derechos aduaneros y otras defraudaciones tributarias. En estos casos, no podrán ser denegados solo porque la ley del Estado requerido no imponga el mismo tipo de tributos.
El tratado señala los motivos obligatorios o facultativos por los cuales se denegará una extradición, el procedimiento para la solicitud y documentación que se requiere para este objetivo. Pero, en caso de urgencia, la autoridad central del Estado peticionario podrá solicitar la detención provisional de la persona reclamada, con vistas a la presentación de una extradición formal.
Sobre este acuerdo, la Corte Constitucional determinó que el texto requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y que en su contenido material guarda armonía con la Constitución de la República.
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