La Comisión de Gobiernos Autónomos está a la espera de la resolución que tome el Ejecutivo, en cuanto al proyecto de Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. La Asamblea aprobó este cuerpo legal, el pasado 7 de marzo y dos días después, notificó al presidente de la República, Rafael Correa. El Régimen deberá objetar o sancionar la norma.
El Proyecto tiene como objetivo establecer un sistema jurídico para la planificación, construcción y conservación de la infraestructura del transporte terrestre y sus servicios complementarios. Para garantizar estos ámbitos, la norma permite su regulación y control.
En caso de que el Ejecutivo tenga observaciones a una parte del cuerpo legal, la Comisión de Gobiernos Autónomos deberá estudiarlas y elaborar un informe para que lo debata y resuelva el Pleno. En cambio, si tiene reparos en toda la norma, la Asamblea deberá esperar un año para volver a tratarla. Por último, el Presidente de la República puede estar de acuerdo con todo lo aprobado por el Parlamento y ponerla en vigencia.
Durante el segundo debate en el Pleno, Richard Calderón, presidente de esta mesa legislativa, enfatizó en que es necesario contar con una ley acorde al desarrollo tecnológico internacional. Recordó que la Ley de Caminos vigente rige desde 1964 y no determina principios constitucionales actuales sobre vialidad.
El Proyecto, de autoría de Richard Calderón, reconoce a todos los niveles de gobierno como competentes en la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial. En esa medida, todas constituyen un sistema, por lo que desarrolla normas que permitan la correcta articulación y coordinación de la planificación. Se incluye, además, a la Red Vial Regional. Aún cuando estas no se concreten se establecen las competencias de los gobiernos regionales autónomos.
Con la norma se fija la obligación de planificar las ciclovías, considerando espacios para su construcción, cuando las características de las vías lo requieran y presenten condiciones técnicas para aquello.
Según explicaron, la planificación se constituye en una obligación de todos los niveles de gobierno, que deberán aprobar sus respectivos planes de infraestructura vial, como parte de los instrumentos de ordenamiento territorial. Todos los proyectos viales, sean nuevos o que supongan intervención, deberán incorporar una evaluación del impacto ambiental y la debida coordinación con los gobiernos competentes.
Se involucra además, la facultad de delegar a las empresas de economía mixta y por excepción, al sector privado o a la Economía Popular y Solidaria la prestación del servicio público de vialidad.
“Este cuerpo normativo se convertirá en una importante herramienta para el desarrollo de la competencia de vialidad y garantizar que este sector cumpla las importantes funciones para el desarrollo económico del país”, indica el documento.
LILA/pv
