“El poder radica en el pueblo y el pueblo es el mandante”. Con estas palabras la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, María José Carrión, rindió cuentas de la gestión que ha realizado este órgano parlamentario, durante el período 2016-2017. Explicó que se ha tramitado 636 denuncias, de las cuales se ha resuelto 420 y están en proceso 216. Entre los casos que ha gestionado están los de Odebrecht, Paraísos Fiscales, Metro de Quito y la solicitud de juicio político en contra del ex ministro de Educación, Augusto Espinosa.
Al evento acudieron representantes de instituciones del Estado, de entidades educativas, organizaciones sociales, ciudadanía y legisladores de otras comisiones. Intervino la segunda vicepresidenta del Parlamento, Marcela Aguiñaga. Destacó que la rendición de cuentas permite dar testimonio de la confianza que el pueblo les otorgó en las urnas. El rol de la fiscalización no solo es hacer seguimiento a las autoridades de control, sino saber si las leyes aprobadas han servido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, agregó.
Antes de presentar los resultados, Carrión señaló que la Comisión actuó con transparencia y apegada al debido proceso. Manifestó que, aunque silenciosos, los logros están a la vista. Afirmó que el reto es seguir fortaleciendo la fiscalización. Propuso construir un sistema sincronizado entre las instituciones que luchan contra la corrupción y pidió seguridad procesal para los ciudadanos.
Contó que dentro del proceso de fiscalización y control político en la función pública se atendió el pedido de enjuiciamiento político al ex ministro de Educación, Augusto Espinosa, por no asegurar a las instituciones educativas. Sostuvo que la comisión recibió a las partes, a otras autoridades que tenían competencia y realizó consultas externas. Explicó que la mesa archivó este caso porque consideró que no existieron méritos, ni elementos de convicción suficientes para la determinación de una responsabilidad política.
Además, la comisión continuó la investigación que realizó la Comisión de Justicia sobre la constitución de empresas off shore en paraísos fiscales. Recordó que convocó al contralor general del Estado, Carlos Pólit; al superintendente de Bancos, Christian Cruz; al director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando; y, al fiscal general, Galo Chiriboga para que expongan las acciones que han realizado en este caso. También gestionó 40 requerimiento de información.
En este caso, aseguró que hay resultados, como personas detenidas tanto en el caso Petroecuador, como en los Papeles de Panamá. Destacó que el compromiso es ir hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”. Mencionó el caso Capaco, en donde se detuvo a Charlie P., en Perú.
Se refirió además al tema de Odebrecht. Sustentó que apenas se conoció el primer informe en Brasil pidió información al Contralor de todos los procesos contractuales que esta empresa mantiene con el Estado. Explicó que son 33, firmados en diferentes gobiernos. Sin embargo, aclaró que esto no significa que haya corrupción en todos, “eso no lo sabemos”, pero que harán el seguimiento necesario para aclarar los hechos.
El Metro de Quito fue otro proceso que lo calificó como emblemático. Relató que en este caso existen cuatro informes y veintiocho atenciones ciudadanas. Confirmó que hay “inquietudes” ciudadanas sobre el accionar del alcalde de la capital, Mauricio Rodas, ante lo cual presentó una denuncia en la Fiscalía.
Por otra parte, expresó que se han desarrollado procesos de fiscalización en territorio. Entre ellos, doce diálogos ciudadanos, ocho mesas de trabajo y cinco talleres.
Intervino la ciudadanía para agradecer la apertura que ha tenido la mesa legislativa y pidieron hacer un rastreo al pronunciamiento popular sobre la corrida de toros en Quito, vigilancia para que cumplan los derechos de los trabajadores, entre otras demandas.
LILA/pv
