La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social priorizará en su trabajo los temas coyunturales que sean de conocimiento público y que se presenten en la Comisión en materia laboral, con acompañamiento de información a la Organización Internacional del Trabajo. Esta fue la consigna que se aprobó por unanimidad junto al Plan de Acción de los 100 primeros días.
Ser una comisión de puertas abiertas a los trabajadores, que genere constante diálogo con actores sindicales, sociales, empresariales y políticos dentro de la agenda legislativa, con el impulso de un marco legal de avanzada que proteja y garantice, tanto derechos como obligaciones, es el objetivo general.
Como parte de los objetivos específicos consta el fortalecer los espacios de diálogo para generar normativa desde las necesidades reales de los trabajadores en territorio; promover diálogos y alianzas tripartitas entre trabajadores, empleadores y Estado, con la finalidad de generar una normativa que fomente la producción nacional y garantice el ejercicio pleno de los derechos. Además, impulsará la construcción del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo; y una nueva Ley Integral de Seguridad Social.
Dentro de sus estrategias, analizarán los proyectos de Ley que se encuentran en trámite como el de la Ley Interpretativa del artículo 58 de la LOSEP; Reformatoria del Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral; Reformatoria de Ley del IESS y del BIESS; Ley Orgánica de licencias y permisos para trabajadores públicos y privados y servidores públicos para el cuidado responsables; y Ley Orgánica para la Participación Equitativa de de Mujeres y Hombres en Posiciones de Liderazgo en el sector Público y Privado.
El organismo Legislativo incentivará, receptará, analizará y acompañará las propuestas e iniciativas ciudadanas de la sociedad civil organizada, con la creación de las condiciones favorables por medio de metodologías y protocolos, productos y sistematizaciones de procesos y experiencia.
En este plan de también se acordó mantener un diálogo permanente con instituciones rectoras del trabajo y la seguridad social, coordinación de actividades y propuestas de política pública para el fomento de los derechos de los trabajadores.
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