Por unanimidad, 12 votos a favor, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó su Plan General de Trabajo para el período 2017 – 2019. La mesa acordó contribuir en la búsqueda de soluciones concretas e inmediatas a los problemas de falta de agua potable y alcantarillado que sufren algunas zonas del país, lo que pone en riesgo incluso la salud de la población.
El asambleísta Montgómery Sánchez, presidente del organismo legislativo, resaltó que la construcción y aprobación de las normativas será con la participación de representantes de todos los niveles de gobierno: municipios, prefecturas, juntas parroquiales y la ciudadanía.
Habló de la necesidad de trabajar por la activación y desarrollo de las provincias fronterizas, además definir mecanismos efectivos para superar los conflictos existentes en sanidad y saneamiento, a fin de precautelar la salud de la gente. Para tal efecto, vamos a revisar, de manera integral, la aplicación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y normas conexas para implementar cambios, de ser necesario, que apunten a fortalecer la gestión y acción de los GAD, enfatizó.
Guillermo Celi consideró que es fundamental que el proceso de construcción de las leyes cuente con la intervención directa de los gobiernos autónomos descentralizados. Una respuesta trascendental es garantizar salud preventiva, a través de un mayor acceso al servicio de agua potable y alcantarillado, pues en Manabí este asunto tiene una alta incidencia en el cáncer de estómago, según expertos médicos, añadió.
Mientras Rubén Bustamante alertó que la mayoría de parroquias reciben exiguos recursos, lo que merece un análisis profundo y ver la posibilidad que el gobierno central sea el que ejecute o financie los proyectos de agua potable y alcantarillado. Raúl Auquilla compartió que se debe estudiar las fórmulas de distribución de presupuestos y hacer realidad que las competencias entregadas a los GAD vengan acompañadas de la transferencia de recursos.
De su lado, Javier Cadena pidió verificar la aplicación del artículo 249 de la Constitución, que determina un trato preferente y prioritario para los sectores de frontera, más aún cuando el diferencial cambiario con Colombia ha liquidado la economía local de Carchi.
Mónica Alemán dijo que el estudio del COOTAD debe ser conjuntamente con AME, CONGOPE, CONAGOPARE, la Función Ejecutiva, las organizaciones sociales y la comunidad.
En tanto, Diego García manifestó que los alcaldes tienen que priorizar las obras de agua potable y alcantarillado y los gobiernos provinciales ejecutar sus competencias en cuanto al mantenimiento de la vialidad rural.
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