La Comisión de Biodiversidad recibirá el miércoles próximo a los representantes del Consorcio Amazónico de los Gobiernos Parroquiales, quienes presentarán sus propuestas y observaciones al proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que tiene como fin regular la planificación integral de la región y establecer los lineamientos para el ordenamiento de su territorio.
En este marco serán recibidos en audiencia los seis presidentes de los gobiernos autónomos parroquiales de la Amazonía.
El proyecto que crea la Circunscripción Especial Amazónica es considerado prioridad en la mesa legislativa. En el cronograma de trabajo está previsto recibir a todos los sectores involucrados en la materia, a fin de estructurar el informe para segundo debate.
El vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, Yofre Poma, recordó que la Constitución, en su artículo 250, establece que el territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta.
El proyecto crea el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (FERA) que se financiará con una asignación equivalente al 2% de la venta por cada barril de petróleo. En ningún caso será menor a un dólar. De estos recursos, el 28% será para los gobiernos autónomos provinciales; el 58% para los municipales; el 6% para los parroquiales; el 8% para el fondo común para la circunscripción territorial amazónica.
Dentro de la asignación para los gobiernos parroquiales se incluye a los sectores de Río Verde y Río Negro, del cantón Baños, así como a Matus, El Altar, La Candelaria y Bayusig del cantón Penipe, de la provincia de Chimborazo.
Además, prevé que el fondo común tendrá otras entradas que provienen del 60% de las regalías mineras y el 30% del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de electricidad en fase de operación, que se destinarán a inversión social y desarrollo territorial o productivo, a través de los gobiernos autónomos descentralizados, que deberán presentar proyectos de inversión. Será administrado por la Secretaría Técnica para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, que establecerá un sistema para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos. Será de libre acceso y consulta para la ciudadanía.
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