La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Jorge Corozo Ayoví, aplicando los cinco principios rectores de su acción: interculturalidad, plurinacionalidad, igualdad, participación e inclusión social estudiará el proyecto de Ley de los Derechos Lingüísticos de Pueblos y Nacionalidades.
La lengua no solo constituye un medio de comunicación, su real dimensión se evidencia como eje transversal en la construcción de la identidad, cosmovisión (forma de comprender y vivir la realidad), así como en el manejo del territorio, de los grupos sociales que se han resistido, a través de la historia, a la colonización.
Hablar de la lengua implica revelar un eje fundamental de supervivencia de los pueblos, ya que abraza el capital simbólico a través del cual se expresa un grupo humano. Determina la relación primordial sujeto-mundo. Los estudios socio-lingüísticos de Jorge Gómez Rendón revelan una pérdida acelerada de las lenguas originarias del Ecuador.
De ahí se torna necesaria esta normativa para proteger, regular y vitalizar los derechos lingüísticos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. La Constitución de Montecristi establece que el idioma oficial del Ecuador es el castellano; mientras que el castellano, kichwa y shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en la zonas donde habitan. Siendo obligación del Estado su conversación y uso.
El proyecto contempla 56 artículos, una disposición general y cinco transitorias, dos reformatorias y una derogatoria. Determina que los hablantes de lenguas ancestrales tendrán derecho a comunicarse entre sí, en sus lenguas, de forma oral o escrita, sin restricciones en el ámbito público o privado, en todo el territorio ecuatoriano. Así mismo, los pueblos y nacionalidades son reconocidos como parte de una comunidad lingüística, siendo la lengua ancestral, el eje de su identidad cultural.
Entre otras disposiciones, el cuerpo legal establece que los nombres ancestrales de lugares geográficos, puedan ser registrados oficialmente y se podrán traducir al castellano cuando sea posible. La transcripción alfabética será reglamentada por la Secretaría Nacional de Política Lingüística.
Además, los hablantes de lenguas ancestrales que por cualquier motivo deban comparecer ante los órganos de la Función Judicial, tendrán derecho a utilizar su propia lengua, ya sea de forma oral o escrita. Las autoridades proveerán de intérpretes y defensores públicos que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
La Secretaría Nacional de Política Lingüística, en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), previo acuerdo con las comunidades correspondientes, diseñarán y ejecutarán las investigaciones para recopilar información sobre las lenguas ancestrales, en peligro de extinción inminente o en estado de precariedad, para luego poner en marcha, programas de revitalización de las lenguas ancestrales.
Dato
Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), en el país existen 13 nacionalidades indígenas, con presencia en las tres regiones del país. Cada nacionalidad mantiene su lengua y cultura propias. Además, existen pueblos dentro de la nacionalidad Kichwa, que mantienen su identidad de acuerdo con sus costumbres, dialecto, ubicación geográfica y actividades económicas.
Los pueblos Manta, Huancavilca y Puná, ubicados en la costa, en los últimos años han recuperado su identidad indígena, aunque no conservan sus idiomas ancestrales.
Hay tres pueblos sin contacto voluntario con la sociedad nacional: Tagaeri, Taromenane y Oñamenane, ubicados en las provincias de Orellana y Pastaza en la Amazonia.
PAU/pv
