Julio César Quiñónez, vicepresidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, asambleísta y afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, manifestó que se debe analizar la deuda que mantiene el Estado con el IESS, en el área de salud, considerando que no se ha presentado documentos o facturas que la respalden.
“La deuda debe ser analizada sin obviar o desconocer la normativa vigente y sin excluir elementos fundamentales que podrían determinar al final del día el valor total de esa deuda”, dijo el legislador, al reiterar que hay que pagar la deuda, pero tiene que ser analizada con los documentos, argumentos técnicos e informes que han sido planteados tanto por el IESS como por la Contraloría General del Estado, sin olvidar que es un sistema subsidiario, solidario y universal.
Cuestionó la deuda que supera los 2 mil 800 millones de dólares, ya que se desconoce cómo se realizó el cálculo desde el 2001 al 2006, cuando no existen ni asientos contables, ni planillas, ni ningún tipo de documento que pueda respaldar y establecer las diferentes deudas que existieron desde esos años, lo que vuelve ilegal ese tramo de la deuda.
La Contraloría General del Estado debe revisar de manera exhaustiva la deuda y primero considerar los tramos donde hay planillas y documentos, en función de la normativa.
Según los valores analizados por la Contraloría General del Estado en el Examen Especial realizado, el 30 % pertenece a la cuenta de enfermedades catastróficas. La entidad de control planteó la necesidad de un reglamento para establecer los porcentajes correspondientes a afiliados, empleadores y Estado, que de igual manera es uno de los argumentos que esgrimen las autoridades del IESS al no poder definir exactamente la deuda.
Además, la ciudadanía necesita evidencias técnicas y en función de eso que el Estado cumpla con la parte que tenga que cumplir, tomando en cuenta los principios generales que la Constitución plantea sobre el sistema de seguridad social, subrayó.
Quiñónez aseveró que se realizará una revisión de la actual Ley de Seguridad Social y propondrá la expedición de una nueva, porque la que rige, es completamente privatizadora y extemporánea, porque no se puede estar con una Constitución progresista, que vela por la reducción de la brecha de injusticia social y con leyes anacrónicas como la de Seguridad Social.
El legislador en rueda de prensa reconoció que a partir de esta ley existe una deuda del Estado a la Seguridad Social y que es el IESS en sus diversas esferas el más interesado que esa deuda sea analizada y aclarada en términos técnicos y de acuerdo con las normativas vigentes.
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