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La Comisión del Derecho a la Salud, luego de escuchar testimonios de personas que se sienten afectadas por supuestas malas prácticas médicas por parte del personal de la clínica La Primavera, de la ciudad de Quito, resolvió pedir información a las instituciones competentes.
A este proceso de investigación se unió María José Carrión, como presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, quien indicó que es necesario investigar si existen los peritos expertos en el tema, y si el Consejo de la Judicatura ha tomado las acciones que prevé el artículo 152 del Código Integral Penal frente a una denuncia de mala práctica profesional.
El presidente de la comisión, William Garzón, tras enfatizar que el proyecto del Código de Salud busca defender la vida y el bienestar de los ecuatorianos, expresó que se debe pedir información acerca de las acciones que han tomado las diversas instituciones “para no dejar impunes hechos que cobran la vida de seres humanos”.
Tania Morales y María Ochoa, supuestas víctimas de mala práctica profesional, junto al abogado Diego Núñez, informaron acerca de 7 niños con parálisis, una madre y 15 niños fallecidos. Hay familias que han perdido a sus seres queridos por negligencias médicas, o que han quedado con daños físicos o psicológicos irreversibles y, la mayoría de ellos, endeudados con esa casa de salud.
Núñez explicó que la clínica funciona desde hace 20 años y, durante ese tiempo, supuestamente, se han suscitado casos de mala práctica profesional. “A pesar de ser una clínica básica atiende partos de alto riesgo, es decir, no tiene capacidad para atender emergencias neonatales, y el médico y propietario no es ginecólogo”.
Tania Morales, quien ha perdido a su hermana, junto a Diana Cornejo, quien tiene un niño con parálisis a consecuencia de una negligencia, presentaron la respectiva denuncia. Sin embargo, no han tenido una respuesta positiva.
Frente a estas denuncias las Comisiones de Salud y de Fiscalización pedirán información al Ministerio de Salud Pública, a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura sobre estas supuestas irregularidades.
RSA/pv
