Así se expresó la asambleísta Ana Belén Marín, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, al argumentar el pedido de ratificación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización, al Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito en Nueva York, el 1 de abril de 2011.
“Ratificar este instrumento es una forma transparente de decir no a la biopiratería y sí a la protección de los conocimientos y tradiciones ancestrales vinculados a la utilización de los recursos naturales en el país”, resaltó.
La asambleísta hizo saber que el Ministerio del Ambiente, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (Iepi) y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), son instancias públicas que trabajan en conjunto para combatir la biopitratería.
“Firmar este protocolo significa defender los derechos de los proveedores fundamentales de los recursos genéticos, que son los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas”, acotó.
El protocolo apuesta por la protección de la biopiratería (acceso ilegal y sin la debida autorización del Estado y de las comunidades indígenas de los recursos naturales), que afecta a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y prohíbe la apropiación de los recursos genéticos y de los conocimientos ancestrales vinculados a estos.
Según el articulado, los Estados están obligados a observar el procedimiento de acceso a los recursos genéticos, lo que les permite cumplir el ordenamiento jurídico del país proveedor y fomentar la equidad en las relaciones de intercambio.
La legisladora mencionó que hoy se celebra el aniversario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Precisó que Ecuador posee 19,1 millón de hectáreas de áreas protegidas, lo que representa cerca del 20 % del territorio nacional, correspondiente a 51 áreas protegidas.
Aseguró que, en el ámbito de un Ecuador megabiodiverso y rico en recursos genéticos, el protocolo apuesta por la creación de un marco jurídico internacional que visibiliza el cumplimiento de los principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), tales como el consentimiento libre e informado, la distribución justa y equitativa de los beneficios monetarios y no monetarios, la conservación de la biodiversidad y el reconocimiento del estado de origen de los recursos.
De este modo, “el instrumento constituye una base normativa sólida complementaria al CBD”, aseveró. “Se trata de un instrumento internacional para el manejo de la biodiversidad, que reafirma los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, apostando por la conservación y protección de la diversidad biológica y su utilización sostenible”, agregó.
De acuerdo con este protocolo, esta utilización se refiere al desarrollo de actividades de investigación sobre la composición genética y bioquímica de los recursos mediante la aplicación de la biotecnología (utiliza organismos vivos para la creación de productos con usos específicos).
Ana Belén Marín también sostuvo que el protocolo reconoce la transferencia de tecnología pertinente para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Así, fomenta la investigación e innovación alrededor de los recursos genéticos de los países en desarrollo, y cumple los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Dato
Ecuador es el primer país calificado como megadiverso. Alberga la mayor cantidad de especies animales y plantas por kilómetro cuadrado. De ahí que la conservación de la biodiversidad constituya un objetivo estratégico del Estado.
PAU/pv
