El Contralor General Subrogante, Pablo Celi, aseguró que la Contraloría General del Estado emprenderá un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa del país, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 24 de mayo de 2017.
Señaló que se trata de una competencia legal y técnica del organismo para efectuar esta acción de control referente a los recursos públicos, pero no una auditoría de la gestión de la deuda pública.
Esta fue su declaración durante la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, desarrollada en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. La mesa legislativa convocó a Celi para que informe sobre las acciones anunciadas sobre la auditoría de gestión de deuda pública.
Es el Acuerdo 024-CG-2017 el que dispone el examen especial. El Titular de la entidad fiscalizadora precisó que este examen constituye una modalidad de auditoría gubernamental, que verifica, estudia y evalúa aspectos específicos, relativos a las actividades financieras y administrativas: “se ejecuta con posterioridad al desarrollo de las actividades auditadas. Por lo tanto, es de carácter preventivo, más no sancionador”.
Celi aseveró que la acción de control comprende también a las entidades relacionadas con el endeudamiento público, como el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador y Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
En este marco, resaltó que el objetivo rector del examen especial es determinar que los recursos provenientes de la deuda interna y externa hayan sido presupuestados, recibidos, contabilizados y transferidos a los organismos ejecutores.
Agregó que especialistas técnicos ejecutarían la auditoría pública, así como mecanismos de veeduría para dar cuenta de los avances de las investigaciones de la Contraloría General.
Celi detalló las categorías que comprenden el examen especial: contratación de créditos y límites de endeudamiento, contabilidad de la deuda pública, y conciliación de información de desembolsos de préstamos y de operaciones por servicio de la deuda.
La autoridad mencionó que en el período 2002 y 2015, la Contraloría efectuó 11 exámenes especiales: “son exámenes referentes a aspectos específicos en el análisis de la deuda pública, en períodos particulares”.
Resaltó que en los informes de auditoría con respecto a los exámenes especiales, los auditores pueden establecer exclusiones y limitaciones, consideradas en la determinación del alcance. Celi precisó que las exclusiones son aspectos que no fueron examinados en una acción de control, mientras que las limitaciones son actividades administrativas y financieras que no fueron analizadas.
El Contralor Subrogante realizó su exposición con base en un sustento legal y normativo, como la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Así también, se refirió a la relevancia de la normativa internacional, que contempla estándares internacionales para una adecuada gestión de la deuda pública. La Contraloría, como organismo técnico, se ciñe a estos criterios.
Intervenciones de asambleístas
Silvia Salgado, vicepresidenta de la Comisión de Educación, subrayó la importancia de la memoria histórica en tanto que permite contextualizar los hitos que marcaron la vida económica y financiera del país hace una década.
Hizo un llamado al respeto de la institucionalidad, que debe regirse en un marco de transparencia y eficacia. Finalmente, solicitó que los técnicos especialistas que ejerzan el examen especial no sean agentes involucrados en el mundo de la política.
Mientras que el asambleísta por Alianza PAIS (AP), Daniel Mendoza, expresó su inquietud referente al patrón sobre el que se estableció el período para la aplicación del examen. Celi aseguró que son siete años de caducidad de la Contraloría: “de modo que al analizar los exámenes, hemos advertido dentro de ese período de caducidad, elementos que no han sido considerados”.
Con respecto a la interpelación de Salgado, el Contralor manifestó que es presidido por Nelson Dueñas, funcionario de la Contraloría, con especialidad en exámenes sobre deuda pública. Celi expresó ante la mesa legislativa que entregará por escrito, el detalle de los integrantes que conforman el equipo para la ejecución del examen especial.
Sobre la desvinculación de ciertos funcionarios del organismo de control, mencionó que tenían contratos de libre remoción o que no cumplían con ciertos requisitos académicos para las áreas misionales de la institución: ”Desde ahora, todos los servidores de la Contraloría son profesionales de carrera”, aseveró.
Celi aseguró que durante los dos meses de gestión de la Contraloría, aprobó 291 informes: “por lo tanto, no han sido improvisados. La entidad en este período dio continuidad a los ya existentes”.
Además, la Contraloría entregó 23 informes de responsabilidad penal a la Fiscalía General. Así mismo, emitió 496 sanciones administrativas, 98 títulos de crédito y recaudó 1 millón 400 mil dólares por multas.
Repotenciación de la Refinería Estatal Esmeraldas
Sobre este tema, el Contralor señaló que la entidad identificó 42 indicios de responsabilidad penal, que constituyen la base para que la Fiscalía inicie el proceso de investigación y posterior juzgamiento para sanción.
Agregó que el organismo de control examinó 165 declaraciones patrimoniales a funcionarios de Petroecuador.
María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, manifestó que la solicitudes de información para el Contralor deben ser presentados por escritos.
Pablo Celi fue convocado para el próximo miércoles 30 de agosto, a fin de tratar el caso Odebrecht, inquietud de algunos miembros de la mesa de Fiscalización.
A la comparecencia, que duró alrededor de cinco horas, también asistieron legisladores pertenecientes a otras mesas parlamentarias, como Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, y Guillermo Celi, integrante de Gobiernos Autónomos. Además, Melissa Herrera, asambleísta por un día.
PAU
