La asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta del organismo legislativo, comentó que el magistrado informará del conflicto generado por el cumplimiento de la resolución de la Corte Constitucional, en el sentido de que en caso de incumplimiento de pago de dos o más pensiones alimenticias, a petición de parte, se ordene la prohibición de salida del país del deudor y se convoque a audiencia, para determinar medidas de apremio en su contra.
Esta disposición ha provocado una carga procesal extra de trabajo en las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que tienen un retraso de seis semanas, ya que recibieron, por mes, 5 mil solicitudes de boletas. Para corregir esta situación, “la Judicatura alista una propuesta de reforma legal que permita la emisión oportuna y efectiva de boletas de apremio en aspectos relacionados con el pago de pensiones alimenticias”, sostuvo.
Expresó que se presentarán estadísticas al respecto que permitirán verificar que quizás fue buena la intención de la Corte, pero en la práctica no facilitó las cosas, más bien llevó a un caos. “La institución nos pide que se trate la propuesta lo más rápido posible, en la búsqueda de una solución urgente, pues al momento no cuentan con jueces adicionales, lo que trae consigo una carga presupuestaria”, añadió.
Escándalos
Luis Fernando Torres planteó que se aproveche la presencia del Presidente del Consejo de la Judicatura para que explique las acusaciones y escándalos de supuesta injerencia de un poder dentro de la Función Judicial. En respuesta, Marcela Aguiñaga dijo que el tema se podría analizar en otra sesión.
Desaparición de menores
En la discusión del informe borrador para primer debate de la reformas al Código de la Niñez, la asambleísta Lira Villalba sugirió establecer un tratamiento especial y diferenciado para el caso de menores en situación de desaparición, para que su búsqueda sea inmediata y oportuna, consultando los protocolos de la Policía.
Asimismo, Franklin Samaniego, vicepresidente de la comisión, se mostró en desacuerdo con el cambio de la denominación de patria potestad por autoridad parental, que habla de una actitud patriarcal, de alguna cuestión de superioridad, cuando aquí está en juego el ejercicio y la responsabilidad de obligaciones y derechos que tienen los padres con sus hijos.
Lourdes Cuesta pidió ampliar la figura de la patria potestad a los abuelos, tíos y otros familiares próximos.
MG/pv
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