La Comisión de Educación reaccionó con malestar ante la inasistencia del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, al encuentro con los rectores de las universidades públicas, previsto para hoy, con el objetivo de buscar una solución urgente y concreta al recorte que han sufrido en el Presupuesto General 2017.
El funcionario, mediante carta remitida al organismo, informó que del 2 al 10 de septiembre en Washington, Estados Unidos, debía estar em reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y que su intención es participar directamente en la mesa, en la discusión de la problemática de los centros de educación superior, por lo que no envió un delegado a la sesión de la Comisión de Educación.
El asambleísta Jimmy Candell calificó como una falta de respeto la actitud del ministro, pues con la debida antelación se le convocó a la sesión y él, a pesar de saber que tenía reunión en el exterior, no tuvo la delicadeza de avisar, sin tomar en cuenta que muchos parlamentarios y las autoridades de las universidades hacen intensos esfuerzos para acudir, desde distintos puntos del país, para analizar y buscar salidas a un tema de alta gravedad.
Mientras, Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación, dijo que es necesario dejar sentada la protesta por la inasistencia y que a su retorno se le volviera a convocar para que presente las debidas excusas y la información en torno al asunto en debate, tras enfatizar que durante el tratamiento de la Proforma 2017, el Pleno de la Asamblea recomendó al Ministerio de Finanzas que se ajuste el documento para atender las inquietudes del sector, además de proceder a la devolución de los impuestos al valor agregado y a la renta, así como canalizar los fondos para la formación técnica y tecnológica.
Sostuvo que lo fundamental es garantizar la continuidad de los proyectos de inversión de las universidades, a fin que su gestión no sufra interrupción alguna, más aún cuando han puesto en marcha el proceso para la apertura de mayores cupos a los bachilleres. La solución inmediata es que los centros sigan operando con el presupuesto prorrogado de 2016 y ya en las reformas a la Loes definir planificación, financiamiento y reglas claras para su mejor funcionamiento.
Elías Ortiz, gerente Administrativo de la Universidad de Guayaquil, expresó que les han reducido el presupuesto en seis millones de dólares, sin reparar que han ampliado el cupo para nivelación en más del 100 % y tienen 70 mil alumnos. Recaudamos un impuesto del 2 por mil al sistema hospitalario que genera 12 millones de dólares, pero este se distribuye a todo el Estado.
Declaratoria de emergencia
Miguel Camino Solórzano, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, comentó que desde hace algunos años se han mermado los presupuestos de las universidades. “Nosotros, particularmente, hemos perdido como 60 millones, más allá de abrir el cupo para la admisión de tres mil nuevos bachilleres”. Ante esta caótica situación, se pronunció por declarar en emergencia a las universidades.
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