La inclusión laboral de comunidades, pueblos y nacionalidades volvió al debate de la Comisión de Derechos Colectivos. Verónica Naranjo, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, pidió a los parlamentarios que se legisle en favor de este derecho.
Con ese planteamiento estuvo de acuerdo el asambleísta José Chalá, integrante de la comisión. Manifestó que se debería pensar en cómo asumir lo que manda el artículo 56 de la Constitución y en cómo incorporar en la legislación la inserción laboral de estos sujetos de derechos.
Para Naranjo, cualquier iniciativa debe tomar en cuenta las cosmovisiones de esas comunidades, pueblos y nacionalidades. Para ello, dijo que se debería citar a los actores involucrados, porque los insumos y realidades que evidencien serían fundamentales para construir una norma que sea incluyente y, sobre todo, que se pueda aplicar en la política pública.
Si bien sostuvo que se cumple lo que establece el Decreto Ejecutivo 060, que ordena la inclusión de estos sectores en un 21 % en el ámbito público y privado, los esfuerzos deberían ser mayores, es decir, que se reconozcan esas cosmovisiones, que han impedido que se concrete este derecho a cabalidad.
Explicó que, “si bien es cierto que para ingresar al sector público o privado se requiere un título en un idioma, en el caso de nuestras lenguas esa titularización no va a existir”, pero habrá otros mecanismos que permitirán esa inserción.
En el ejercicio de las parteras no van a tener un título, pero su formación debe ser reconocida por el país para que puedan tener una relación legalizada con la institución donde van a presentar sus servicios. Incluso, se puede ir más allá: que exista un reconocimiento en el lugar donde desempeñan esas actividades, que son laborales, pero que lo hacen en función del bienestar de la comunidad. En ese caso "debemos hablar de cómo garantizar el seguro social", agregó la funcionaria.
Proyecto para el adulto mayor
Por otra parte, la Comisión de Derechos Colectivos analizó las observaciones que presentaron, en días pasados, el Patronato Municipal San José y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en cuanto al proyecto de Ley del Adulto Mayor. La mesa conformará un equipo de asesores que estudien las observaciones, “todas son bienvenidas”, dijo el presidente Jorge Corozo.
Consideró que el tema sedebe analizar desde cada territorio porque las realidades son distintas. En tanto, José Chalá dijo que casi siempre se piensa desde el sector urbano y muy poco en el sector rural en los titulares de derechos colectivos. Por ello, hizo un exhorto para mirar estas perspectivas y enriquecer la iniciativa legal.
Jeannine Cruz solicitó la presencia de delegados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también trabajan con sectores del adulto mayor, para que presenten sus observaciones. Mientras, Marcela Holguín creyó que es necesaria la convocatoria a los directivos de la Secretaría de Planificación y del Ministerio de Salud.
LILA/pv
