Silvia Salgado habló de la relación entre el poder económico y político y dijo que juega un papel importante en el escenario de la corrupción. “Me refiero a un poder mediático en el escenario de la corrupción”. Aseguró que en estas condiciones, en la región, este tema no es nuevo y que en este tipo de foros regionales se debaten los problemas y la posibilidad de soluciones, a través de instrumentos internacionales.
Además, instó a modernizar ante las circunstancias los instrumentos internacionales, pues existe la necesidad de responder ante nuevas formas de corrupción, por lo que sería imposible tratarlos como Estados por separado. Salgado destacó que la corrupción transnacional tiene identificados a los sectores en cada uno de los países, como las industrias extractivas.
Durante su ponencia, también habló de casos puntuales como el de la empresa Odebrecht, que participó en grandes proyectos petroleros, hidroeléctricos y mineros y que, por la forma en la que se presentan, estos nuevos casos de corrupción son un indicativo de que se requiere actualizar los instrumentos para hacerles frente. “No podemos quedarnos solo en propuestas en el plano legislativo, pues en cada país debemos enfrentar una corrupción transnacional, en donde redes criminales y mafiosas están presentes”, insistió.
Un tema invisible
Con respecto a Odebrecht, dijo que no es nuevo, pues la empresa trabaja en el país desde 1985, por lo que el tema de las redes de la corrupción siempre estuvo ahí y se preguntó el por qué no se visibilizó antes. También instó a crear medidas para verificar la fuente del flujo de los capitales, pero también citó los avances de la región para reprimir el lavado de activos, a través de instrumentos importantes construidos en este tipo de espacios, “pero hay que ponernos a tono con el momento actual”.
En el escenario actual cree que no se debe dejar de lado la Agenda Global por la Justicia Fiscal, porque propone una cooperación tributaria internacional en donde se busque sancionar los flujos financieros ilícitos, impulso de un comercio justo en todos los Estados, mayor transparencia en la contratación pública, la creación de un órgano intergubernamental sobre temas fiscales y un sistema sobre indicadores de transparencia.
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