Más propuestas enriquecen el proyecto de Código de Salud. Virgina Gómez de la Torre, del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales, en su comparecencia ante la Comisión Legislativa del Derecho a la Salud sugirió que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos no tenga retroceso respecto a la ley que está vigente.
Tras insistir que se debe garantizar la vida desde la concepción, aseveró que es necesario tratar con cuidado temas como la anticoncepción y tecnologías de reproducción asistida.
Otros planteamientos, dijo, son los temas que están invisibilizados y que se relacionan con la violencia basada en el género, la diversidad sexual.
Así mismo, pide se diferencie el embarazo infantil del embarazo adolescente. El embarazo infantil debe ser visto como uno de los problemas más graves que hay que enfrentar con políticas que promuevan una vida libre de violencia.
Otro de los planteamientos de Gómez de la Torre fue regular y clarificar el derecho a la confiabilidad, a la intimidad y al secreto profesional, esto relacionado con la objeción de conciencia, que es un derecho que está en la Constitución.
Por su lado, Ana Delgado Cedeño, de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, tras calificar de importante el proyecto, presentó varias observaciones, entre ellas, la inclusión en la participación de los actores del sistema nacional de salud.
Explicó que el proyecto crea un Consejo Consultivo, integrado por la red de salud pública. A su parecer debe tener la participación de todos los actores del sistema nacional de salud, incluida la red complementaria, como la academia, la sociedad científica y otras instituciones que tengan que ver con los determinantes de la salud.
Otro tema clave, dijo, es la articulación de la red pública y la complementaria en el contexto del sistema nacional de salud. El sector privado aglutina el 64 % de los especialistas y subespecialistas del país, quienes se constituyen en un recurso humano muy importante para la atención de salud de los ecuatorianos. También tienen instituciones de atención de tercer nivel que pueden recibir las derivaciones del sector primario.
Entre tanto, Carlos Salas, vicepresidente del Observatorio Ciudadano GBLTI del Ecuador, ve con preocupación que ciertos grupos fundamentalistas intenten retirar preceptos constitucionales establecidos en el artículo 11. Aquí se hace referencia al derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
También les preocupa que el Código obvie temas relacionados con diversidad sexual y de género, cuando en realidad la salud debe ser comprendida desde su cosmovisión, pero también desde su particular realidad de cada uno de los grupos sociales que la componen.
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