La legisladora Norma Vallejo presentó un proyecto de ley que reforma cinco leyes, entre ellas la de Servicio Público, de Educación Intercultural, Código del Trabajo, de Educación Superior y el Código Orgánico Integral Penal, a fin de establecer medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la protección y atención contra todo tipo de violencia y maltrato, en especial para erradicar todas la formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes.
La asambleísta explicó que no deben prescribir los sumarios administrativos ni los vistos buenos cuando han sido comprobados los delitos, en el caso de funcionarios o docentes de cualquier establecimiento de educación. El objetivo es que no queden en la impunidad estos delitos.
En la propuesta se establece como requisito previo para ser docente la valoración psicológica sobre cuadros psicopatológicos o alteración psicológica que ponga en riesgo la integridad física, psicológica y sexual de los niños, niñas y adolescentes, así como para ingresar a estudiar docencia en la universidad o institutos superiores pedagógicos. Esta valoración psicológica también se aplica a directivos, servidores públicos, personal de la salud y otros trabajadores que atiendan directamente a este grupo de atención prioritaria.
Además, planteó que en el Código Integral Penal se disponga que las personas denunciantes de delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes tengan derecho a acogerse al sistema nacional de protección y asistencia de víctimas y testigos, porque de lo contrario son vulnerables a amenazas.
Sugirió que en el Código del Trabajo se incluya la ineficacia del despido, así como lo hay para dirigentes sindicales y mujeres embarazadas cuando la persona trabajadora denuncie la comisión de actos o delitos contra la integridad sexual de niñas, niños, adolescentes en el lugar de trabajo. Así mismo, que en la Ley Orgánica de Servicio Público, se precise que el servidor gozará de protección y garantía cuando denuncie estos casos, por tanto, evitar los despidos o la supresión de la partida.
Norma Vallejo indicó que en la propuesta se incluye la prohibición para trabajar en la docencia o cuidado de niños, niñas y adolescentes a las personas destituidas o con sentencia penal por delitos contra la integridad sexual, para lo que el Ministerio del Trabajo llevará el registro con esta prohibición, con la información de la Función Judicial y de los diferentes ministerios. Se precisa que la acción administrativa disciplinaria por actos contra la integridad sexual de los estudiantes prescribirá en 10 años y no en 90 días como es ahora.
JLVN/pv
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