La Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, presidida por Rosana Alvarado, inició el análisis del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Gestión Ambiental, de iniciativa del Ejecutivo.
Para tal efecto, el organismo legislativo mantuvo una sesión de trabajo con Yurí Iturralde, Francisco Cevallos y Martha Ganchozo, delegados de los ministerios del Ambiente y de Recursos Naturales no Renovables; y, de la Secretaría Nacional Jurídica, quienes argumentaron sobre la trascendencia de propuesta gubernamental.
Expresaron que la norma constituye una herramienta eficaz para enfrentar la utilización de maquinaria pesada en actividades de alto impacto contra el eco sistema y los recursos naturales del país, tal como sucedió con el caso Conguime, del cantón Paquisha, de la provincia de Zamora Chinchipe.
Iturralde precisó que ese tipo de acción generó la pérdida de la cobertura vegetal, afectación a ríos y esteros, alternación del curso natural del río, la pérdida de la capa fértil del suelo, frecuencia de enfermedades derivadas y relacionadas a la labor minera, conflictos sociales y migración, tras enfatizar que la reforma fortalece los principios constitucionales atinentes a los derechos de la naturaleza.
Observaciones
El asambleísta Fernando González sostuvo que la normativa debería ampliarse a las actividades de las empresas estatales en la cuestión petrolera, minera y otras.
Es fundamental clarificar en qué medida la destrucción de tal maquinaria podría dar lugar a mayores daños al ambiente, comentó María Molina.
Entre tanto, Cléver Jiménez aseguró que el proyecto busca acabar con la minería artesanal; no es una medida cautelar ni preventiva, sino sancionadora.
A su vez, Rosana Alvarado se mostró partidaria de clarificar el tema, a través de una valoración de la maquinaria, la reincidencia y, lo que es más, abrir todos los espacios para el debido proceso.
Ángel Vilema, por su parte, invocó a trabajar en una reforma integral de la ley, además planteó que la maquinaria antes que destruirla pase a manos de los gobiernos autónomos descentralizados para cumplir un objetivo social.
Finalmente, Rolando Panchana, segundo Vicepresidente de la Asamblea, dijo que existe total apertura para formular un texto de consenso, sin afectar a nada ni nadie, sino afianzar la protección de la naturaleza.
MG
