Con el respaldo de 40 firmas de asambleístas del MPD, PK, PRE, PSP e independientes, el asambleísta Marco Murillo, oficializó el juicio político contra la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Marcela Miranda Pérez, por incumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución y la ley.
Dijo que en la revisión de las hojas de vida y patrocinio de los postulantes mediante ternas para la designación de autoridades de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, Superintendente de Compañías, se determina que ninguno de los postulantes representan a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio del Ecuador.
Subrayó que el inoperante ejercicio del poder ciudadano ha permitido la prórroga de la Judicatura sin compromiso con la misión institucional; además, la designación de jueces y más funcionarios de las cortes sin concurso de méritos y oposición; y, en especial sin visión de hacer de este poder un ente de generación de justicia.
Amparado en lo que establecen los artículos 131 de la Constitución y 78 al 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa solicitó al Presidente de la Asamblea Nacional y al Consejo de Administración Legislativa, dar trámite al enjuiciamiento político en contra de Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana.
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