En la Comisión de Régimen Económico el trabajo es intenso. Esta tarde, se escuchó a Lilia Ruiz, directora nacional del Contratación Pública de la Contraloría General del Estado. Además a Rafael Parreño, contralor subrogante; Edison Garzón, presidente de los directorios de las Empresas Públicas y Carlos Durán, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública, quienes hicieron aportes al proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Lilia Ruiz se refirió a los procesos precontractuales y contrataciones del sector público. Explicó que la Contraloría controla estos procesos una vez que el contrato se celebra, lo que hace que se detecten deficiencias de manera posterior y esto genera perjuicios económicos para el Estado, por lo que propone que para garantizar los procesos y que se usen mejor los recursos el informe de Contraloría sea antes.
La propuesta es que de manera previa a la suscripción, los contratos que superen el 0,00015 del Presupuesto Inicial del Estado (PIE), que es alrededor de 500 mil dólares, requieran de informes previos favorables del Contralor y Procurador del Estado. El plazo establecido para la emisión de informes es de 30 días término.
Sanciones más fuertes
Parreño en cambio, cree que regresar a los informes previos es un tema de análisis, pues para él no es la solución para erradicar la corrupción, por lo que sugirió que se establezcan sanciones mucho más fuertes. Aseguró que el plazo de 30 días para presentar un informe es poco si se quiere hacer un análisis pormenorizado.
Competitividad
Edison Garzón, de las Empresas Públicas, sostiene que no se debe eliminar el giro específico del negocio, pues esto les permite tener un grado de competitividad, por lo que según explicó, es muy complejo hacer una norma para todas las empresas. “Lo que se busca es que las empresas públicas alcancen autonomía financiera y administrativa”, aseguró.
Garzón insistió en que está a favor del control, pero que quitarles el Régimen Especial o giro del negocio sería un error. También habló de la emergencia preventiva, que consta en el proyecto y aseguró que si se habla de algo preventivo deja de ser una emergencia, pues los daños que pueden evitarse no deben ser considerados como tal.
Sobre el plazo del contrato a partir de la entrega del anticipo, Garzón cree que hay casos en los que esto les perjudicaría, especialmente al sector estratégico, en donde los tiempos son de diversa índole.
Régimen Especial
El sector salud, también tiene observaciones. Carlos Durán, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública, expresó que la propuesta de la eliminación del Régimen Especial para las adquisiciones de fármacos que celebren las entidades que presten servicios de salud, incluido el IESS no tiene sentido, pues ese es un punto sensible para el Ministerio de Salud Pública, considerando que no todos los medicamentos existen en el mercado nacional.
También se refirió a la idea de eliminar las contrataciones de comunicación social como Régimen Especial, porque les quitaría la posibilidad de contratar campañas con esta figura y les imposibilitaría llegar a la comunidad de manera mucho más rápida, es decir, si desaparece esa figura no se podrían resolver temas de emergencias sanitarias. El análisis de estos temas seguirá dentro de la comisión.
MC/pv
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