Ciudadanos defienden vigencia de la Ley de Comunicación frente a mensajes discriminatorios y ofensivos de ciertos medios y programas

Viernes, 23 de febrero del 2018 - 18:34 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

En la reunión estuvo presente la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, en calidad de veedores ciudadanos del proceso.

Previo a la intervención del funcionario, la mesa, por mayoría de votos, aceptó que dos ciudadanos rindan testimonios sobre supuestos ataques ofensivos y discriminatorios de la prensa. Coincidieron en defender la vigencia y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación y la acción de la Superintendencia que, según expresaron, ha permitido regular mensajes atentatorios a la dignidad de la gente por parte de ciertos medios y programas.

La asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión, indicó que la apertura a este tipo de versiones garantiza igualdad procesal. También que el debido proceso se cumple en condiciones equitativas.

Óscar Emilio Armas, mediante la difusión del audio de un programa deportivo, denunció que los conductores irrespetan toda norma ética del ejercicio de la profesión periodística.

Mencionó que realizó una auditoría radial durante dos años, que la condensó en 15 minutos. Su objetivo es que el país evidencie la verdad, con pruebas; que saque sus propias conclusiones y diga si las acciones que realiza esa emisora corresponden a la libertad de expresión o es una clara ofensa al pueblo, más allá de que los presentadores se califiquen como chistosos y perseguidos.

En cambio, Diane Rodríguez, del colectivo Glbti, aseveró que la implementación de la Ley de Comunicación posibilitó que las poblaciones históricamente marginadas puedan ejercer el poder ciudadano.

Recordó que en 2014, cerca de 50 organizaciones convocaron al diálogo a los productores y actores de programas cómicos, sin obtener una respuesta favorable. “Estos se dedicaban a ridiculizar a las mujeres, a los afros, a colocar en un aspecto pervertido la diversidad sexual, sin considerar los mensajes negativos e insultantes que enviaban a la colectividad”, enfatizó.

Por tanto, “ha sido clave el accionar de la ley, la Constitución y la Superintendencia para frenar estas actitudes que afectan la honra de las personas”, sostuvo.

MG

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