Son 26 sesiones ordinarias y 16 resoluciones aprobadas por unanimidad las que la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social tiene entre sus cifras. Al iniciar el trabajo, en mayo de 2017, los legisladores de esta mesa de trabajo se plantearon trabajar a favor del efectivo cumplimiento y garantía de los derechos de participación ciudadana y política.
En los actuales momentos, existen dos proyectos de ley en trámite. El proyecto de Código del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que se suspendió hasta conocer los resultados de la consulta popular y el proyecto de Ley para la Aprobación y Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social y sin Fines de Lucro, que se socializa en territorio. Esta iniciativa de ley propone sentar principios, garantías y procedimientos para el derecho de asociación, contemplado en la Constitución y tratados internacionales.
Con el propósito de recoger los aportes ciudadanos en el territorio nacional para la construcción del Código del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, se socializó su contenido de junio a octubre de 2017, en Santo Domingo, Francisco de Orellana, Azuay e Imbabura.
Los talleres de trabajo conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de voluntariado, gremios, representantes de las federaciones, empresas de seguros, exportadores, cámaras de agricultura, de la pequeña industria, industrias del Ecuador y cámaras de turismo, permitieron recoger aportes para la elaboración del informe para primer debate del proyecto de Ley para la Aprobación y Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social y sin Fines de Lucro.
Trabajo en territorio
Las audiencias en territorio, otro de los mecanismos utilizados para escuchar las necesidades de los ciudadanos, sirvieron para identificar los problemas locales y procurar soluciones. Se realizaron audiencias en Monte Sinaí, Jujan , Chongón, Balzar, Daule, Guayaquil, Naranjal, Vinces y El Empalme.
Además, recibió en Comisión General a 32 organizaciones sociales a nivel nacional. Como mecanismo para fortalecer la participación ciudadana, implementó la iniciativa “Asambleísta por un día”, herramientas que permitieron conocer las propuestas de la sociedad civil para la construcción de las leyes y emprender procesos de fiscalización denunciados por ellos.
La comisión delegó a los asambleístas amazónicos el traslado a los campos petroleros en las provincias de Orellana y Sucumbíos, para investigar los hechos denunciados por los trabajadores de la Empresa Pública Petroamazonas y sus filiales, quienes hablaron de la reducción de la remuneración, no pago de horas extras, alimentación, vivienda y otros beneficios, en especial aquellos que conforme al Mandato 8, prestan sus servicios bajo la modalidad de actividades complementarias.
Como resultado de la gestión de la comisión, Álex Galárraga, gerente de Petroamazonas, se comprometió a homologar los salarios de los denunciantes con un incremento del 33 % hasta alcanzar el 100 % en 2018 y a cumplir el pago de la remuneración variable de 2016, que está ejecutado.
MC/pv
