La Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Marcela Aguiñaga, continuó el estudio del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) referente al Libro Primero: delitos contra la vida, contra la mujer y miembros del núcleo familiar y delitos sexuales. Opiniones divididas se evidenciaron respecto a la posibilidad de despenalizar el aborto en casos de violación sexual, estupro e incesto.
Los legisladores Marcela Aguiñana, Henry Cucalón y Rosa Orellana coincidieron en que se mantenga el texto actual del artículo 150 del COIP que habla del aborto no punible. Incluso, Aguiñaga consideró que por tratarse de un aspecto sensible, complejo y polémico debería ser resuelto por el pueblo ecuatoriano en una consulta popular, más allá que, según dijo, respetará el sentir de los comisionados.
La propuesta de reforma establece que el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos, o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:
Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo es consecuencia de una violación, estupro, incesto o inseminación no consentida.
Franklin Samaniego, vicepresidente de la mesa, expuso que, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, 9 de cada 10 menores tuvieron su primera relación sexual con persones mayores a ellos; 8 de cada 100 embarazos son con personas de 30 años o más; 8 de cada 100 embarazos de menores de 14 años termina en aborto; y, 8 de cada 10 embarazos fueron producto de violencia sexual.
Habló de retomar el debate y adoptar respuestas concretas en torno a la despenalización del aborto en casos de violación, especialmente en niños y adolescentes, tomando en cuenta que la Convención de los Derechos del Niño ha alertado obstáculos persistentes que dificultan el acceso de niños al servicio de atención de salud sexual y reproductiva, la elevada tasa de embarazos en la adolescencia normalmente como consecuencia de violencia sexual, los obstáculos de acceso a servicios de aborto y de prácticas de aborto peligrosos, acceso e influencia de métodos anticonceptivos y de planificación familiar modernos, obstáculos de acceso a las pruebas de detección del VIH por prejuicios psicológicos por parte de ciertos profesionales.
Pidió la comparecencia de la Ministra de Salud para que profundice los datos estadísticos sobre violencia sexual en menores y abortos, mortalidad y su impacto. También que acuda el Defensor Público, a fin que argumente su propuesta del aborto no punible. El pedido fue aceptado por la presidenta de la comisión.
MG/pv
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