A pesar de los esfuerzos mundiales por garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aún sus necesidades siguen siendo visibles. Según el informe de Plan Internacional, Ecuador no es la excepción. En este contexto, legisladores de la Comisión de Relaciones Internacionales, integrantes de Plan Internacional, Visión Mundial, Unicef y el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, analizaron esta problemática.
Hasta 2012, antes de que surja este protocolo, la Convención de los Derechos del Niño, era el único tratado que no contenía un mecanismo de comunicación individual. Se busca que los menores tengan los mismos derechos que una persona mayor de edad y que puedan denunciar en el caso de que se violen los mismos.
Mecanismo de doble vía
José Luis Ochoa, representante de Visión Internacional, ve este mecanismo, como una forma de empoderar a la niñez. Dijo que se buscan fortalecer las acciones internacionales de su protección, para complementar los avances que se realizan en el país, sobre esta materia.
Para María Carmen Velasco, de Plan Internacional, la aprobación de este protocolo puede ser una manera de reivindicar los derechos de los menores. Aseguró, que Ecuador podría ser un referente regional en el reconocimiento del Gobierno a los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho. Además, dijo que de esta manera se legitimaría su voz.
El protocolo fortalecería el Sistema Judicial Nacional, porque se acude a instancias independientes, que emiten recomendaciones al Estado ecuatoriano y fomenta la corresponsabilidad social.
Compromiso desde el Legislativo
El legislador Franklin Samaniego, presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, indicó que este tema no es casual, pues se trabaja en la creación de acciones en beneficio de los menores.
“Tenemos un compromiso para transversalizar los derechos de los niños, en las normas que aprobemos en la Asamblea Nacional y qué mejor que tener la referencia de estos protocolos internacionales”, explicó Samaniego.
En la sesión, se aclaró que este protocolo no va en contra de la Carta Magna. Además, tiene el visto bueno de la Corte Constitucional, pues se trata de impulsar a los Estados a desarrollar sistemas de protección de los derechos, para dar respuestas integrales y eficaces.
En la comisión, el compromiso es analizar el tema hasta que pase al Pleno para su ratificación.
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