Henry Cucalón, Guillermo Celi y César Rohón presentaron las pruebas de cargo contra Carlos Baca Mancheno, fiscal General, en el juicio político que tramita la Comisión de Fiscalización.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por su vicepresidenta, Kharla Chávez Bajaña, recibió a los asambleístas solicitantes del enjuiciamiento político al fiscal General, Carlos Baca Mancheno, quienes presentaron las pruebas cargo.
Los tres interpelantes coincidieron en que Carlos Baca perdió la confianza ciudadana y no puede seguir al frente de la Fiscalía.
Al fundamentar sus acusaciones, recordaron que este juicio político no solo responde al mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas, sino a la decisión de 103 voluntades expresadas en el Pleno el 9 de marzo pasado. Acción que derivó en la cesación de funciones del ex presidente de la Asamblea, José Serrano, y en la disposición de iniciar el proceso para enjuiciar políticamente al fiscal General, Carlos Baca.
Incumplimiento de funciones
Henry Cucalón, de la bancada Cambio Positivo, subrayó que este juicio obedece a un evidente incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley, por parte del fiscal, puesto que en su gestión logró sumir en el caos toda la institucionalidad del Estado.
“Gracias a su irresponsabilidad hoy la labor de la Policía está en entredicho, gracias a su irresponsabilidad se han puesto en riesgo procesos de investigación fiscal. Las acciones han sido, a todas luces, inconvenientes para el país y durante este juicio demostraremos por qué es incapaz de seguir como titular de la Fiscalía”, dijo.
Según Cucalón existe un hilo conductor entre la denuncia que se presentó a inicios de año en torno a presuntas irregularidades en la Comisión que investigó los hechos del 30-S, de la cual Carlos Baca fue presidente, y estableció la teoría de la existencia de los famosos golpes blandos.
Posteriormente, el 26 de febrero pasado, el fiscal en rueda de prensa hace público un audio en el cual intervienen el excontralor Carlos Pólit, y el ex presidente de la Asamblea, José Serrano Salgado, audio en el cual se hacen afirmaciones preocupantes y deplorables.
Sobre esto señaló que hay dudas acerca de cómo se obtuvo el audio, cuál es su origen. Si había sospecha de un supuesto complot en contra del fiscal, por qué no se inició una investigación que incluya ese audio, bajo las prescripciones de ley. “En este caso, el fiscal antepuso intereses particulares, en una disputa personal y política, antes que el interés general, que está obligado a salvaguardar”, añadió.
Al concluir su intervención, Cucalón recordó que el actual fiscal es investigado por tres posibles delitos, “no obstante, a nosotros nos corresponde fiscalizar y resolver sobre la responsabilidad política y eso será posible cumplir una vez que este juicio pase a conocimiento del Pleno de la Asamblea”.
Cumplir el mandato popular
De su lado, Guillermo Celi, bancada SUMA, enfatizó que el 4 de febrero pasado 7 de cada 10 ecuatorianos decidieron que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se vayan a sus casas y que sean reemplazados por un Consejo Transitorio. Entre otras responsabilidades, el organismo debe evaluar la gestión de los titulares de las instituciones de control, uno de ellos, el fiscal.
Este mandato ciudadano, dijo, está sintonizado con lo que hoy estamos haciendo, que es procesar políticamente a Carlos Baca Mancheno y fiscalizar su actuación. “No buscamos ni sancionarlo penalmente, ni resarcir los daños que pudo ocasionar su acción u omisión, sino determinar su responsabilidad política, como corresponde a la Función Legislativa”, sentenció.
Baca debe dar la cara
Entre tanto, César Rohón aseguró que el rol que debe jugar la Legislatura es dar cumplimiento a la resolución adoptada por 103 asambleístas y enjuiciar políticamente a Carlos Baca, quien debe dar la cara ante el país, en un baño de verdad que es necesario, hoy más que nunca.
“Un alto funcionario público no puede generar desconfianza en la ciudadanía y luego seguir en su cargo”. Nosotros, como representantes del pueblo tenemos que determinar la responsabilidad de este funcionario. De acuerdo a las afirmaciones de Rohón, luego vendrá la censura y destitución, sin descartar que la actuación de Baca pueda derivar en responsabilidades civiles o penales, de conformidad con la ley.
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