La Comisión Parlamentaria Permanente de Relaciones Internacionales y Soberanía, avocó conocimiento del Tercer Protocolo sobre la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes, referente a las comunicaciones y denuncias que efectúen los infantes en casos de violación de sus derechos y que hayan afectado su integridad personal.
La mesa legislativa analizó este instrumento de protección a los infantes, que requiere de aprobación legislativa, pues cuenta con el dictamen vinculante de la Corte Constitucional. A través de este protocolo se defenderá, de manera global, los derechos de este importante segmento de la sociedad.
Durante la reunión, la presidenta encargada, Esther Cuesta y los legisladores que integran el organismo, recibieron al asambleísta Franklin Samaniego, coordinador del Grupo Parlamentario de Protección y Garantía de los Derechos de los Niños, a José Luis Ochoa, de la organización World Vision Internation, a María del Carmen Velasco, principal de la entidad Plan Internacional, protectora de menores de edad, y a Paúl Guerrero, oficial de Monitoreo y Protocolos de Unicef.
Los representantes de dichas organizaciones promovieron la ratificación de este Tercer Protocolo, por cuanto da voz a las denuncias de los menores de edad que hayan sido afectados en sus derechos, tanto a nivel local, cuanto a nivel internacional. Subrayaron que este mecanismo de protección de los niños fue ratificado por 51 países y Ecuador sería el octavo en Latinoamérica.
Este Protocolo canaliza las comunicaciones y denuncias por parte de los niños o personas y entidades de protección y necesita ser aprobado por la Asamblea, a juicio de José Luis Ochoa, representante de World Vision Protection, pues su aplicación tendrá efectos positivos como la viabilidad de los derechos de los niños, la participación de los mismos como titulares de sus derechos y como agentes de cambio de la cultura dentro de la sociedad.
Para María del Carmen Velasco, de Plan Internacional, la ratificación de este protocolo impedirá que la violencia se vea como natural dentro de la sociedad y que vele especialmente por niñas y mujeres menores de edad para que no sean violentadas; que el número de violaciones a mujeres menores de 15 años se reduzca y las tasas de embarazo disminuyan sustancialmente. “Es fundamental incluir dentro del programa Niñas-10 y de la agenda para el 2030 el cumplir con esta propuesta y no tener efectos gravísimos en la población femenina”, añadió.
El funcionario de Unicef, Paúl Guerrero abordó el tema del financiamiento y el reglamento de funcionamiento técnico de este Tercer Protocolo para efectivizar el respeto a los derechos de los infantes. Explicó que todos estos mecanismos están alineados con las políticas públicas de los estados que han ratificado este instrumento. Los fondos económicos para estos protocolos de protección a la Niñez están previstos dentro del la Convención de Protección a la Niñez, firmada en 1990 en Naciones Unidas, agregó.
También están previstos en el Presupuesto General del Estado, aseguró el asambleísta Franklin Samaniego, quien como Coordinador del Grupo Parlamentario de Protección y Garantía de los Derechos de los Niños, indicó que este Tercer Protocolo al ser ratificado por la Asamblea deberá ser evaluado cada cinco años, a fin de conocer los avances y dificultades en su aplicación. Consideró que la triada Estado, Sociedad y Familia deberá ser guardiana de que se cumplan y valoren los derechos de los infantes y adolescentes, con el fortalecimiento de mecanismos jurídicos y el cambio de comportamientos sociales y culturales.
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