Andrés de la Vega, viceministro del Interior y Víctor Arauz, director de la Dinased, acudieron a la Comisión Ocasional para Atender los casos de Personas Desaparecidas. Allí presentaron datos estadísticos sobre el número de ciudadanos desaparecidos y también respondieron por el tema de Nathaly Salazar.
De la Vega resaltó que se logró sincerar, cotejar y transparentar la información entre Fiscalía y la Policía Nacional en una sola base de datos. Precisó que desde el año 70 a diciembre de 2017 se registraron 42 mil personas desaparecidas y que el 96 % ha sido resuelto, quedando un remanente del 4% que significa 1.577 casos, en los que se debe considerar algunos factores: 91% por voluntad propia, en razón de problemas familiares, económicos, sociales; 8,2 % desaparición sin voluntad (enfermedades mentales, accidentes); y, 1.7% por fallecimientos vinculados a delitos, asesinatos.
Acciones concretas
Destacó la creación del portal web para situaciones de desapariciones con información básica de cada persona, las campañas de sensibilización de la problemática, con prioridad en prevención especialmente en favor de grupos vulnerables; la articulación con casas asistenciales donde está gente afectada por la falta de identidad y que próximamente entrará en pleno funcionamiento la Alerta Emilia.
Expresó que lo de Nathaly Salazar, de nacionalidad ecuatoriana – española, de cuyo paradero se desconoce desde el 2 de enero de 2018, es competencia de la Cancillería. Sin embargo, sugirió que la Fiscalía General y la Asamblea Nacional podrían acercarse a sus pares de Perú, a fin de coordinar acciones que permitan ahondar las investigaciones.
El general Víctor Arauz, de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, manifestó que la información consolidada de desaparecidos está clasificada por zonas, etnias, edades. Hoy, de manera inmediata se activan los protocolos de búsqueda luego que un familiar presenta la denuncia y no se esperan 72 horas como era una mala práctica, agregó.
Inquietudes
El asambleísta Marcelo Simbaña señaló que es fundamental que los datos de desaparecidos tengan soporte en las cifras que manejan las organizaciones y asociaciones sociales, pues ellos hablan de tres a cinco mil personas. Aquí habría que tomar en cuenta la desaparición a manos de grupos irregulares, enfatizó.
Las estadísticas no deben ser vistas solo como cifras sino como sentimientos, dolor y sufrimiento, opinó el parlamentario Fernando Burbano, quien subrayó que las autoridades deben determinar las posibles dificultades o limitaciones que les impide actuar con mayor agilidad en esta temática. Es el momento de analizar y dar respuestas a la situación de compatriotas que les retienen en suelo ecuatoriano para sacarles del país.
Para Soledad Buendía, las redes sociales de la Asamblea y de la comisión deberían conectarse con los portales gubernamentales sobre desaparecidos. Se mostró partidaria de buscar mecanismos que faciliten el procesamiento de la información constante en el celular de Nathaly y que la delegación ecuatoriana viaje cuanto antes al Cuzco.
Mediante video conferencia desde España, la señora Alexandra Ayala, madre de Nathaly Salazar, mencionó que su familia está limitada económicamente para enfrentar los fuertes gastos del proceso de investigación para saber qué pasó con su hija. No se ha realizado un trabajo técnico y científico por falta de personal y medios especializados; es indispensable que las fiscalías de Ecuador y Perú sumen esfuerzos para una mejor tarea, aseveró.
MG/pv
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