El proyecto de Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores tiene tres ejes; eliminar la visión asistencial; promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de derechos fundamentales; establecer la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia en la protección de las personas adultas mayores, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos y ponente del proyecto, Jorge Corozo.
Se estima que actualmente hay 1´221.000 personas adultas mayores en Ecuador. El 53,13 % son mujeres, el 46,67 % varones. Se estima que para al año 2021 la población de personas adultas mayores crezca a 1´358.838 y para el 2030 a casi 2´000.000, precisó el parlamentario.
Recordó que existen 522.975 personas adultas mayores en condiciones de pobreza, de las cuales 60.218 se encuentran en situación de extrema pobreza, según los estudios de Gestión de Conocimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Además, en la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Ecuador 2009-2010), se establece que el 7,2 % de las personas adultas mayores ha sido amenazado; el 4,9% ha sufrido algún tipo de violencia física; el 14.7 % ha enfrentado algún tipo de violencia psicológica; el 3 % ha sufrido violencia sexual; el 2.3 % admite haber sido llevado a un asilo de ancianos bajo amenaza; el 14,9 % ha sido víctima de negligencia y abandono, indicó.
Corozo destacó la necesidad atender, de manera prioritaria y especializada, a este sector de la población. De allí se desprende la necesidad de promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, contenidos en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes conexas.
Se refirió a la importancia de establecer un Registro Nacional de personas adultas mayores y la interconexión de bases de datos para dar la atención debida a este grupo de personas por parte de los organismos públicos, privados y de economía mixta, al indicar que debe existir corresponsabilidad entre el Estado, sociedad y la familia ya que estas personas tienen derechos y beneficios como, por ejemplo, la exoneración del 50 % de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial y de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos, paquetes turísticos y recreacionales, teniendo acceso gratuito a museos.
Agregó que la normativa está enfocada en los ejes de prevención, atención y reparación, dirigida a eliminar progresivamente factores discriminatorios y estereotipos negativos, con el fin de evitar la vulneración de derechos, a través de mecanismos de sensibilización, concienciación y educación.
Subrayó que las instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica a las personas adultas mayores, de manera prioritaria, especializada, integral y gratuita.
Así mismo, en caso de determinarse la vulneración de derechos, la autoridad judicial o administrativa competente ordenará la reparación respectiva, de conformidad con el reglamento a esta ley.
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