En la Comisión de Biodiversidad, que estudia las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, Enrique Wittmer, de la Asociación de Armadores Turísticos de Galápagos, pidió se elimine la asignación de patentes basado en la línea de consanguinidad y se mantenga el articulado como está vigente en la normativa.
Dijo que la reforma dejaría por fuera a muchas familias que no podrán participar en las nuevas concesiones de permisos de operación, lo cual coarta los derechos adquiridos de la población galapagueña. Hay muchas personas naturales que tienen más de una concesión y al negársele participar en el concurso, tendrían que despedir a sus empleados.
Recordó que para salir de la actividad pesquera e insertarse en la turística tuvieron que hacer muchas concesiones y una fuerte inversión para obtener una embarcación. Galápagos desarrolla la actividad turística por parte de los antiguos colonos y primeros habitantes desde hace 40 años, razón por la cual se debería respetar el derecho a contar con sus respectivas patentes.
Si no se les permite participar de la renovación de patentes para los cruceros, se afectaría a cerca del 40 % de personas que viven de esta actividad, hecho que incidiría en la disminución del turismo. “Si tienen que devolver las concesiones y patentes, habrá que ver qué hacen con sus embarcaciones, con la consecuente pérdida de plazas de trabajo”, enfatizó Wittmer.
La legisladora Brenda Flor, autora del proyecto de reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, aseguró que está consciente de que los cupos deben mantenerse en los colonos o primeros habitantes, porque es un derecho adquirido, lo cual se respetará en la propuesta.
Precisó que la normativa toma en cuenta el trato preferencial para el residente permanente de Galápagos, el desarrollo turístico de la región insular, el control y la vigilancia de las áreas protegidas, así como el establecimiento de universidades.
De su lado, Andrés Bastidas, subsecretario de Desarrollo y Gestión de Turismo, solicitó que las patentes sean entregadas por la cartera del ramo, mas no por el Parque Nacional de Galápagos, que tiene funciones totalmente distintas.
Recordó que el 87 % de la actividad económica de Galápagos está vinculado al turismo, por lo que, a su juicio, se debe poner énfasis en los proyectos de turismo sostenible.
Mientras, la galapagueña Carmen Herrera, exigió que en la normativa que se construye en la Comisión de Biodiversidad se incluya a los ciudadanos nativos, porque la ley se refiere únicamente al residente permanente.
En materia de pesca, mencionó que es necesaria la tecnificación del pescador; que en turismo se establezcan privilegios para los colonos, nativos y residentes; y, que se impulse el trabajo preferente del nativo, con un sueldo justo.
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