En la Comisión de Derechos Colectivos, la legisladora Silvia Salgado, expuso el alcance de su propuesta legal orientada a que se armonice la legislación el adulto mayor con los estudios de derecho comparado de los países de la región andina y los instrumentos técnicos de la Comunidad Andina, respecto de la promoción y protección de los derechos humanos de este importante sector social.
Dijo que en la propuesta que trabaja el organismo legislativo se debe definir el sentido de la ley a efectos de facilitar su efectiva aplicación, que se transversalice a lo largo de la ley la necesidad de dar una especial protección a personas con doble vulnerabilidad, conforme el artículo 35 de la Constitución, entre ellas las personas con discapacidad, con enfermedad catastrófica; privadas de libertad; víctimas de violencia y en situación de riesgo.
Salgado mencionó que es necesario ampliar los deberes de la familia, la sociedad y de los medios de comunicación. La familia debe apoyar en el proceso para fortalecer sus capacidades, así como promover entornos afectivos que contribuyan a erradicar la violencia, cubrir con sus necesidades básicas, una adecuada nutrición, salud y su desarrollo.
La sociedad tiene que denunciar ante la autoridad competente si se conoce algún acto de maltrato o violencia contra un adulto mayor, darle un trato especial y preferencial en todos los ámbitos, generar espacios de reconocimiento del saber de los adultos mayores; contribuir en la vigilancia, control de las acciones y medidas para su protección.
Mientras, los medios de comunicación tendrían el deber de promover el respeto a los derechos de los adultos mayores, sensibilizar a la sociedad sobre el cumplimiento de los mismos, en especial por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, contribuyendo a la generación de una cultura del envejecimiento y el respeto por el adulto mayor, agregó.
Indicó que en el proyecto se debe establecer la obligación de los gobiernos autónomos descentralizados de participar en la protección de los derechos de los adultos mayores y para mejorar sus condiciones de vida, para lo cual deben impulsar o crear espacios propios para la educación, recreación, cultura y deportes de los adultos mayores, garantizar su accesibilidad en los mismos; y, participar en el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las personas adultas mayores.
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