Luego de intensos debates, comparecencias y de recoger criterios de diversos sectores, la Comisión de Derechos Colectivos, que la preside el asambleísta Jorge Corozo Ayoví, por unanimidad de los nueve asambleístas presentes, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que permitirá a este sector prioritario la restitución de sus derechos a través de políticas, planes y programas por parte del Estado, la sociedad y la familia.
El proyecto busca promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, en el marco del principio de atención prioritaria y especializada, expresados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes conexas, con un enfoque de género, generacional e intercultural.
La norma establece la corresponsabilidad y participación del Estado, la sociedad y la familia, para lograr la inclusión de las personas adultas mayores. Se considera que el envejecimiento es un proceso con impacto multidimensional, con incidencia en la persona, la familia, la sociedad y en el Estado, su protección implica la ejecución de acciones con enfoque integral y solidario que se proyecten hacia la revalorización y potencialización del rol de estas personas en la comunidad, en condiciones de autonomía, igualdad, justicia y equidad.
Corozo Ayoví precisó que todos debemos velar porque los adultos mayores alcancen una vida digna, mediante el acceso y disponibilidad de servicios necesarios, con calidad y calidez, así como promover la eliminación de todas las formas de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso por razones de edad.
El proyecto crea el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como un Registro Nacional que permitirá conocer con exactitud el número de personas en esta etapa de vida, ubicación geográfica, identificación étnico cultural, estado de salud, situación laboral, existencia de discapacidad o condición discapacitante, situación de movilidad, condición y tipo de vivienda, entorno familiar, entre otros.
Le corresponde al Estado elaborar y ejecutar políticas públicas, planes y programas, que se articulen al Plan Nacional de Desarrollo, enmarcados en la garantía de los derechos estas personas, tomando como base una planificación articulada entre las instituciones que integran el Sistema Nacional Especializada de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; garantizar el acceso permanente, gratuito y especializado a los servicios de la red de salud pública y privada, así como la prevención y tratamiento de enfermedades catastróficas y medicina gratuita, entre otros.
En cambio, es responsabilidad de la sociedad promover y respetar los derechos de los adultos mayores, brindar un trato especial y preferente, interponer las acciones correspondientes ante las autoridades competentes y actuar de manera inmediata frente a situaciones de vulnerabilidad que afecten a este sector social.
Mientras, la familia tiene la corresponsabilidad de cuidar la integridad física, mental y emocional de las personas adultas mayores y brindarles el apoyo necesario para satisfacer su desarrollo integral, respetando sus derechos y voluntad.
En el proyecto se determinan beneficios para estas personas, como la exoneración del 50 % del valor de la energía eléctrica, cuyo consumo mensual sea de hasta 138 KW/hora; del consumo mensual de agua potable hasta de 34 metros cúbicos y el 50 % de la tarifa básica residencial de un teléfono de propiedad del beneficiario en su domicilio.
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