María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, convocó a sesión ordinaria para el próximo lunes, 16 de julio, a las 15h00, con el propósito de conocer, debatir y aprobar el informe sobre la sustanciación del juicio político propuesto por el legislador Raúl Tello, en contra Christian Cruz, superintendente de Bancos.
Esta fase del proceso se cumplirá conforme lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de los cinco días de prórroga autorizados por la Presidencia de la Asamblea para que el organismo emita el respectivo informe.
Argumentos de cargo
En la sustanciación de la solicitud de juicio político, la Comisión recibió las pruebas de cargo de parte del legislador Tello, quien subrayó que el titular del organismo de control del sistema financiero violó de manera sistemática la ley, en perjuicio de los afiliados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Igualmente, dijo, omitió sus obligaciones de control en torno a la banca pública, como en el caso del Banco Central del Ecuador.
Citó las normas legales que facultan al Superintendente de Bancos a ejercer el control del sistema financiero y de la materia de seguros, dentro de esta, los servicios que prestan las instituciones públicas y privadas de seguridad social, pues según Tello Benalcázar, el Superintendente no ejerció el control, ni su facultad sancionatoria frente a la pretensión del expresidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, de negar y eliminar de la contabilidad del instituto asegurador la deuda que por 2.527 millones mantenía el Estado por atención médica.
Pruebas de oficio
La Comisión recibió, como pruebas de oficio, las versiones de Elíseo García Gómez, partícipe del Fondo de Cesantía de la Función Judicial; de Jorge Escala, de la Coordinadora en Defensa de la Seguridad Social-Guayas; y, Marlon Tenecela, del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, quienes cuestionaron los pasos que se dieron para el traspaso de los fondos previsionales cerrados privados para que sean administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess.
De su lado, Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IESS confirmó que el Estado mantiene 2.527 millones de dólares de deuda por prestaciones en el servicio de salud, cifra que se desprende del informe de Contraloría General del Estado, el cual subraya que las autoridades de la Superintendencia de Bancos no cumplieron sus funciones de control, en especial en lo que corresponde al Fondo de Salud.
Defensa
Mientras, Christian Cruz, en ejercicio de su derecho a la defensa, presentó documentación que demostraría el cumplimiento de sus funciones con apego a lo que manda la ley, particularmente sobre las auditorías y resoluciones elaboradas por la Contraloría y el IESS. Argumentó que los exámenes especiales de Contraloría fueron realizados en febrero de 2013 y que él se posesionó en enero del 2015.
Explicó la base legal de las funciones y responsabilidades de la entidad. Diferenció las actividades y competencias que tiene la Contraloría como ente auditor de los recursos públicos y las actividades de la Superintendencia de Bancos.
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