En el marco del análisis de las reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales recibió a la asambleísta Cristina Reyes, quien argumentó su propuesta de crear un servicio especializado de protección presidencial al mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Expresó que es fundamental eliminar el texto del Libro III del Código que creó un cuerpo civil de seguridad armado, adscrito al Ministerio del Interior, que podía convertirse en una especie de arma de represión política contra la ciudadanía y de permanente violación de los derechos humanos, similar a los grupos que operan en Venezuela.
La oportunidad es propicia para incorporar en su reemplazo, elevándole a categoría de norma, este servicio de protección pública, con personería jurídica, autonomía operativa y financiera, bajo los lineamientos de militares y policías, precisó.
Para Doris Soliz, en base a subjetividades y malas interpretaciones, se ha cuestionado la presencia de un cuerpo civil de protección, sin estudiar los objetivos del Libro 3, poniendo como argumento que se trataría de una réplica de ciertos países socialistas. Es importante la alternativa presentada por Cristina Reyes de definir un ente que dependa de la fuerza pública, agregó.
Con ese punto de vista coincidió el legislador Héctor Muñoz, quien precisó que se debe armonizar con la Constitución y que el personal de este servicio debe entrar en un proceso de constante capacitación.
Mientras René Yandún destacó que las Fuerzas Armadas y la Policía siempre han contado con personal especializado para la protección presidencial y de otras autoridades. Hablar de la creación de un nuevo grupo irrespetaría la disposición constitucional y legal, enfatizó.
Ana Belén Marín, vicepresidenta de la mesa, sostuvo que cualquier alternativa tiene que ser constitucional, para no caer en lo mismo que se registró con el Libro III.
MG/pv
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