En función de abrir más espacio a la participación de organizaciones sociales, gremios, la academia y ciudadanía, la Comisión de Derechos Colectivos solicitará ampliar el plazo de entrega del informe del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Su presidente, Jorge Corozo, dijo que, al momento, hay consenso para eliminar la Supercom y la figura del linchamiento mediático.
Precisó que 12 propuestas de reforma han sido procesadas en la mesa y que 60 artículos ya se discutieron. El mayor objetivo es que la normativa sea garantista de derechos, que prevalezcan las libertades de comunicación, expresión y prensa, subrayó.
Comisiones generales
La comisión recibió a la asambleísta Wilma Andrade, quien argumentó la tesis de eliminar la Supercom, que se constituyó en juez y parte, inquisidor, que impuso acciones administrativas, multas y sanciones, que llevó a algunos medios a realizar una censura previa, limitando, así, la libertad de expresión.
Tras señalar que es necesario eliminar de la ley todo lo punitivo, propuso que en el Cordicom se establezca un ente administrativo que permita al ciudadano que se siente lesionado en sus derechos, exigir un espacio para la rectificación y réplica.
Édison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, saludó la iniciativa del gobierno de revisar la legislación en comunicación, que contiene normas que afectan los principios y directrices del derecho a la libertad de expresión, figuras ambiguas e inaceptables desde el punto de vista del derecho internacional, cuya aplicación generó afectaciones graves al ejercicio del periodismo y de los medios de comunicación.
Cuestionó la figura de la responsabilidad ulterior inexistente en el derecho internacional, el linchamiento mediático, prohibiciones de difundir información a los medios de comunicación provenientes de investigaciones judiciales, el derecho de respuesta que no se adecua a la Convención Americana de Derechos Humanos, la exigencia del título obligatorio para trabajar en un medio.
Manifestó que la comunicación es un derecho humano fundamental, por lo que es urgente cambiar la conceptualización de servicio público.
MG/pv
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