La Comisión de los Derechos de los Trabajadores, junto a representantes de las centrales sindicales, analizó el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público, referente al proceso de desvinculación de servidores para acogerse al retiro por jubilación.
Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral, lo calificó de interesante, considerando que este beneficio está enmarcado en los mandatos constitucionales y es un derecho humano.
Tras señalar que cualquier servidor tiene la oportunidad de recibir este incentivo y acogerse a la jubilación dejando el espacio para ser ocupado por un trabajador nuevo que pueda entrar a producir para el Estado, indicó que la propuesta reconoce lo que se estableció en el mandato constituyente y, por tanto, es un derecho adquirido por los trabajadores.
Planificación y recursos
De su lado, José Villavicencio, del Frente Unitario de Trabajadores y de la Unión General de Trabajadores, insistió que cada institución debe encargarse de una estructura y planificación previa a la asignación de recursos para que el trabajador se acoja a la jubilación.
Mariana Orellana, presidenta de la Asociación de Jubilados del Ministerio de Salud Pública, pidió que las instituciones preparen un listado de las personas que se acogerán a la jubilación en los años posteriores, para viabilizar su ejecución.
Incentivo jubilar
Cecilia Paredes, de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, sugirió buscar los mecanismos necesarios para que se les pague inmediatamente el incentivo por jubilación.
Recordó que hay maestros que se jubilaron entre el 2008 y 2010 que les deben una diferencia del incentivo y otros que optaron por la jubilación en el año 2014 que si bien suscribieron un compromiso, no se ha fijado cuando se les pagará. Por ello, reiteró que se requiere una planificación anual en cada institución pública para asegurar el respectivo financiamiento.
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