Más de 80 propuestas de gremios, ciudadanos y de la sociedad civil recibió la Comisión Ocasional de Tránsito, que estudia 21 proyectos de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, dijo el legislador Fafo Gavilánez, presidente de este organismo legislativo, al precisar que hasta septiembre de este año podría estar listo el informe para primer debate de este cuerpo legal.
Indicó que los 21 proyectos proponen reformas a 54 artículos de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. De ellos, el 35 % ha sido resuelto por los comisionados. Aseguró que el eje principal del documento que trabajan es el ser humano, para proteger la vida de todo ciudadano.
Para lograr este objetivo, la propuesta legal establece que el Ministerio de Educación implementará en la malla curricular la materia de educación vial, a fin de que los niños conozcan temas relacionados con educación vial, señalética, excesos de velocidad, la prohibición del uso del celular cuando se conduce, entre otros.
Según el parlamentario, el Ejecutivo tendría previsto remitir un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Si es que ese documento llega, no descartó la posibilidad de ampliar el plazo para la presentación del primer informe.
En materia de licencias, que fue debatido ampliamente, subrayó que el Estado reconoce la validez de los documentos, distintivos, licencias de conducción, permisos internacionales de conducción, identificación vehicular y pases de aduana, emitidos en sus países y expedidos de conformidad con las normas y requisitos previstos en los instrumentos internacionales vigentes.
Así, los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior y extranjeros que tuvieren licencias vigentes de conducir no profesionales similares al tipo B, emitidas en sus países, podrán conducir temporalmente en el territorio nacional; en el caso de los ciudadanos extranjeros podrán hacerlo mientras dure su visa.
En torno a beneficios para las personas adultas mayores, con discapacidad, niñas, niños, mujeres embarazadas, indicó que en el transporte terrestre gozarán de atención preferente de calidad y calidez. Se establecerá un sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública y que en el Reglamento a la presente Ley se determinará el procedimiento para su aplicación.
Gavilánez subrayó que el cronograma de trabajo aprobado se cumple responsablemente. En cada reunión participan representantes de la Agencia Nacional de Tránsito, de la Policía Nacional, del Consejo de Tránsito, Justicia Vial pero, a su vez, distintos sectores vinculados con la normativa, quienes participan con sus observaciones y, en otros casos, escuchando las decisiones que adopta el organismo legislativo.
Añadió que para lograr este objetivo se estableció como metodología agrupar en tres ejes temáticos los proyectos y las propuestas ingresadas a la mesa legislativa. Así, en transporte terrestre analizan las modalidades, frecuencias, permisos de operación, títulos habilitantes y concesiones, sanciones administrativas y otros. En materia de tránsito, lo referente a licencias de conducción, su obtención, categorías, pérdida y recuperación de puntos.
Y, en seguridad vial así como otras materias relacionadas, lo que tiene que ver con la revisión técnica vehicular, protección de usuarios, peatones, conductores, contaminación, seguros y demás.
Mencionó que formularon observaciones Justicia Vial, el Distrito Metropolitano de Quito, la Asociación de Escuelas de Capacitación de Conductores No Profesionales del Ecuador, la Federación Nacional de Transporte del Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito, la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional, la Federación Nacional de Operadoras de Taxis (Fedotaxis), Aneta, Grupo Ugus, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas, distintos legisladores y exasambleístas, entre otros sectores.
Precisó que en cada sesión se conocen, analizan, debaten y definen los textos de reformas a la Ley, artículo por artículo, en función de los ejes temáticos, mientras reciben asesoría técnica y operativa del ente de regulación y control de Transporte Terrestre (ANT) y otras entidades gubernamentales afines, con el fin de contar con el conocimiento e información que permita trabajar en una reforma de la Ley de Tránsito que se adecue a las necesidades del país.
JLVN/eg
