La Comisión de Régimen Económico en su agenda tiene previsto elaborar el informe para primer debate de las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para el efecto agrupa en un cuerpo legal siete propuestas que fueron enviadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre esta materia.
Tres proyectos son de iniciativa del legislador Henry Cucalón. Buscan preservar la transparencia como principio de administración pública y de gestión en el terreno de la contratación estatal; otro que plantea que las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrá declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley y prohíbe toda forma de confiscación; y el que propone un mecanismo eficaz de revisión y auditoría sobre los contratos que celebran las entidades públicas.
La propuesta del legislador Juan Pablo Velín tiene como objetivo garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública, convertirla en un elemento dinamizador de la producción nacional, pero a la vez promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas.
En cambio, la parlamentaria Mónica Alemán propuso que el Servicio Nacional de Contratación Pública utilice el procedimiento de ferias inclusivas.
Mientras que el proyecto de ley del asambleísta Absalón Campoverde establece cambios en la estructura jurídica de la contratación pública que garanticen la calidad del gasto público, la transparencia y la igualdad de oportunidades.
Por su parte, la iniciativa de la legisladora María Mercedes Cuesta pretende devolver a la Contraloría la facultad de realizar el control previo a los procesos de compras de bienes y servicios del Estado y garantizar mayor control y la prevención de fisuras legales que afecten los procesos de contratación.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, mencionó que las reformas se centran en agilitar procesos de compras públicas, establecer mayores controles y hacer más efectiva la democratización de las compras públicas.
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